Un informe de la ONG Liberties advierte que la lucha contra la desinformación en España está limitando la libertad de expresión y alerta contra el control de los medios por parte de gobiernos y grandes corporaciones.
Los autores de la organización con sede en Bruselas encuentran que «las políticas actuales para combatir la desinformación, a menudo se centran en restringir la libertad de expresión en lugar de abordar la raíz sistémica del problema: las prácticas de desinformación de actores poderosos como gobiernos, partidos políticos y grandes donantes».
Los investigadores sugieren «que las medidas adoptadas podrían desviar la atención de las verdaderas fuentes de desinformación, con consecuencias negativas para la libertad de prensa y la libertad de expresión».
En noviembre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, aún pendiente en 2024.
A la vez, la Ley de Secretos Oficiales de 1968, según los autores, sigue impidiendo el acceso a la información pública.
El informe destaca que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que se ocupa principalmente de los sectores audiovisual y de las telecomunicaciones, debe desempeñar un papel importante en la supervisión de las fusiones y prácticas que puedan limitar la pluralidad de la prensa.
En el contexto del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), la CNMC ha sido designada coordinadora de los servicios digitales, aunque su unidad especializada aún no está operativa.
Las observaciones de la organización también van dirigidas a los procedimientos de nombramiento y cese de los directores de autoridades de medios de comunicación y telecomunicaciones en España. Los críticos argumentan que la influencia política puede comprometer la imparcialidad de estos procesos.
«Esta percepción debilita la confianza pública en el papel de estas autoridades como garantes de un entorno mediático pluralista y libre de interferencias indebidas (…)Aunque se han hecho anuncios importantes sobre la implementación de la Ley Europea de Libertad de Prensa en España, no se han producido cambios significativos».
Pequeño número de conglomerados mediáticos
El panorama mediático español se caracteriza por una alta concentración de la propiedad en un pequeño número de conglomerados, lo que afecta negativamente la pluralidad informativa y la independencia editorial, según los autores del informe. Los principales sectores mencionados:
Prensa escrita:
Grupo PRISA (El País): Parte de su capital está en manos de Banco Santander y HSBC.
Grupo Vocento (ABC): Vinculado a Banco Santander y BBVA.
Grupo Unidad Editorial (El Mundo): Con nexos con Intesa Sanpaolo.
Grupo Planeta/Atresmedia (La Razón, Antena 3, La Sexta): Vinculado a Banco Sabadell.
Grupo Godó (La Vanguardia): Parcialmente controlado por Caixabank.
Televisión y radio:
La televisión nacional está concentrada en dos grandes grupos: Atresmedia y Mediaset España, que controlan más del 80% de la cuota de mercado publicitaria.
En el ámbito radiofónico, el Grupo PRISA (Canal SER) y la COPE concentran la mayor parte de la audiencia, lo que dificulta la entrada de nuevas emisoras.
En cuanto a la distribución de contenidos, «en España está altamente concentrada en empresas como el Grupo Planeta, lo que limita el acceso a diferentes formatos y enfoques editoriales».
Problemas que afectan a los medios
Los problemas identificados también apuntan a las deudas acumuladas durante la crisis financiera de 2007-2008 que han hecho que la mayoría de los medios de comunicación pertenezcan de facto a la banca.
Como resultado, ha aumentado la dependencia de la publicidad institucional y de las grandes corporaciones, lo que compromete su independencia editorial.
Como los mismos conglomerados controlan múltiples canales de distribución de prensa, televisión, radio, medios digitales, esto reduce la diversidad de voces y contenidos.
La alta concentración conduce a la homogeneización de la información y dificulta el acceso a narrativas alternativas. Además, refuerza la influencia política y económica en el discurso público.
Una sugerencia planteada es «implementar una normativa antimonopolio específica para el sector mediático, que fomente la competencia y limite la concentración de la propiedad».
También se propuso «establecer mecanismos que garanticen la transparencia en la relación entre los medios de comunicación y los grandes grupos financieros», así como «promover políticas públicas que apoyen a los medios de comunicación independientes», normas que protejan el mercado mediático pluralista.
«Aunque España cuenta con normas para prevenir la excesiva concentración mediática, su aplicación ha sido inconsistente», agrega.
En otro aspecto, la concesión de licencias audiovisuales ha sido tradicionalmente un asunto entre el poder político y los grandes grupos mediáticos. «A menudo percibido como un mecanismo de recompensa o castigo político, este proceso plantea inquietudes sobre la equidad y la transparencia, así como sobre la posibilidad de un ecosistema diverso».
El informe alega la poca independencia de los principales medios de televisión y cita el caso de la denuncia de los empleados de la Televisión de Galicia en 2024, por presión política y manipulación editorial.
La Ley de Servicios Digitales ha introducido obligaciones de transparencia para las plataformas digitales, pero estas regulaciones tienden a centrarse en los intermediarios, dejando fuera a los grandes productores de desinformación.
«Es crucial extender la rendición de cuentas a quienes financian o se benefician de la desinformación, incluidos los partidos políticos, las instituciones y las empresas».
Falta de confianza en los medios tradicionales
Liberties cita el Informe de Noticias Digitales 2024 del Instituto Reuters. Este indica que la confianza en las noticias en España sigue siendo baja: solo el 33 % de los encuestados confía regularmente en ellas, mientras que el 39 % expresa desconfianza.
Además, indica que el 44% de los españoles se sienten abrumados por la cantidad de noticias, un aumento significativo en comparación con el 26% registrado en el pasado.
«Estos datos reflejan una creciente fatiga informativa y una desconexión con los medios tradicionales, lo que subraya la necesidad de fortalecer la calidad periodística y garantizar la pluralidad en el entorno mediático para recuperar la confianza pública», dice la organización.
En cuanto a la libertad de los periodistas, el documento destaca que las fuerzas de seguridad en España carecen de formación específica y de recursos suficientes para hacer frente a las amenazas en su contra.
Además, en la práctica diaria, las acciones policiales amparadas por la Ley Mordaza, que se introdujo en 2015, «suelen constituir un obstáculo para el ejercicio del periodismo, limitando la libertad de información y expresión».
La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza, sanciona la captación y difusión no autorizada de imágenes de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando pueda suponer un riesgo para su seguridad o la de una operación. También penaliza las «faltas de respeto y consideración» a agentes de autoridad a la vez que establece que se puede sancionar a periodistas o publicaciones que «menoscaben su dignidad».
La ley también sanciona protestas que no hayan sido comunicadas previamente, lo que puede restringir la cobertura periodística de movilizaciones espontáneas o urgentes.
Liberties insta a «derogar la Ley Mordaza y eliminar las disposiciones que restringen el ejercicio periodístico para garantizar un marco legal que proteja la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas».
«Mejorar los protocolos de actuación policial: Desarrollar procedimientos claros que prioricen la protección de los periodistas durante la cobertura sensible, como manifestaciones o actos públicos».
Recomiendan además la formación y concienciación de las fuerzas de seguridad, ampliando los programas «sobre derechos fundamentales, libertad de prensa y el papel de los medios de comunicación en una democracia, fortaleciendo la capacidad de las fuerzas de seguridad para abordar las amenazas contra periodistas».
«La protección de las fuentes en España se ha debilitado en los últimos años y no ha evolucionado adecuadamente para abordar las complejidades que introducen las tecnologías digitales».
Nuevo registro de medios
El Consejo de Ministro aprobó recientemente Anteproyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación. Esta iniciativa busca reforzar la transparencia en el sector mediático e integrar la legislación europea sobre libertad de medios y derechos digitales.
Un elemento clave de esta norma es la creación de un registro estatal de medios de comunicación que estará controlado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Se obligará a los medios a inscribirse y actualizar la información de su estructura de propiedad así como de los ingresos obtenidos por publicidad institucional. Este registro será público, gratuito y cualquier ciudadano lo podrá consultar.
La modificación de las leyes otorgará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la facultad de controlar, supervisar, inspeccionar y sancionar a las plataformas digitales con multas de más de 30.000 euros hasta alcanzar un 6% del volumen de negocios anual mundial.
Sin embargo, hay aspectos de esta ley que han despertado preocupación en varios sectores. Por primera vez se reconoce el derecho de rectificación en el ámbito digital y se exige la rectificación a los creadores de contenido digital en caso de haber publicado o difundido «información falsa o inexacta». Se teme que la vaguedad de la definición de «información falsa e inexacta» pueda inducir la autocensura tanto en medios como entre influencers.
El anteproyecto aún debe pasar por el trámite parlamentario correspondiente y, por tanto, su contenido podría sufrir modificaciones antes de su aprobación definitiva.
España asciende seis posiciones en libertad de prensa en 2024
España ha ascendido del puesto 36 al puesto 30 según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF).
La organización atribuye esta mejora al contexto legal, la seguridad de los periodistas así como al retroceso de otros países en el ranking. Por el contrario, el indicador político retrocedió más de tres puntos:
«La polarización política se refleja en los medios, que difuminan peligrosamente la línea entre información y opinión, contribuyendo a un clima de descrédito del periodismo. La libertad de prensa también se ve amenazada por el aumento de ‘procesos mordaza’ contra medios y periodistas, así como por una nueva oleada de agresiones a la prensa en manifestaciones contra el gobierno».
La clasificación a nivel mundial la lidera Noruega, seguida de Dinamarca y Suecia.
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