Un informe titulado ‘Doble rasero, doble riesgo’ asegura que es necesario que España cese sus exportaciones de plaguicidas prohibidos’ y está haciendo un llamado de atención a las autoridades, al gobierno de Pedro Sánchez y a la Unión Europea (UE).
El informe afirma que solo en el año 2023, España exportó 17.000 toneladas de plaguicidas prohibidos en la UE, «dañando gravemente la salud y los ecosistemas de terceros países», en su mayoría de Estados Unidos, Marruecos y Egipto, junto con decenas de otras naciones, en particular de África y América.
La organización Ecologistas en Acción publicó el informe el 21 de marzo, junto con la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), European Environmental Bureau (EEB), Pesticide Action Europe (PAN) y Public Eye, indicando que los datos y cifras se obtuvieron del Ministerio para la Transición Ecológica.
Según los autores, pese a que la UE prohíbe actualmente 247 sustancias activas para evitar contaminar su territorio, sigue permitiendo la producción y la venta de los mismos a terceros países, los que a su vez, en algunos casos, venden a Europa productos alimenticios contaminados con estas sustancias. Esto será especialmente así de ratificarse el acuerdo UE-Mercosur el próximo mes de julio, que se ampliarán las cuotas de entrada de productos de algunos de estos países en la UE.
Casi 13.000 toneladas de plaguicidas exportados por España, corresponde al 1,3-dicloropropeno (o 1,3-D), un fumigante de suelos utilizado en el cultivo de hortalizas y frutas, que está prohibido en la UE desde el año 2007.
El 1,3-dicloropropeno (o 1,3-D) está clasificado como probable carcinógeno por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés). La agencia le atribuye un buen número de efectos agudos, pulmonares y digestivos, así como efectos crónicos a largo plazo.
Este producto fue vendido principalmente a Estados Unidos y Marruecos.
También se registraron importantes volúmenes de plaguicidas prohibidos en Europa, exportados hacia Egipto, Argentina, Guatemala, Chile, Brasil, Sudáfrica y Rusia.
En América, también se despacharon a Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República.
Los demás países son Armenia, Australia, Benin, Bielorrusia, Costa de Marfil, China, Israel, Filipinas, Gana, Georgia, Jordania, Kazajistán, Kenia, Mali, Marruecos, Nueva Zelanda, el territorio de Palestina, Senegal, Sudán, Tailandia, Túnez, Togo, Ucrania, Vietnam y Yemen.
Muchos de los países compradores, según la organización, «carecen de la capacidad para gestionar los riesgos que entraña su uso».
«Esto es particularmente preocupante en los países de ingresos medios y bajos, con normativas en materia de pesticidas más laxas. El resultado es que las personas que usan estos pesticidas en los países importadores están expuestas a un riesgo significativamente mayor que el que tenemos en la UE.», añade la organización.
Los autores califican la venta de estos productos prohibidos como «una violación de los derechos humanos».
En algunos casos, dice el informe, los plaguicidas «se venden en bolsas de plástico, sin información de sus peligros» y causan «decenas de muertes infantiles por envenenamiento», como las reportadas desde septiembre a noviembre de 2024 en dos países de África.
ApaNews reportó que 3 niños de Camerún fallecieron al consumir alimentos contaminados con insecticidas, y Beyond Pesticides, señaló 23 niños muertos a finales de noviembre en Naledi y Soweto, de Sudáfrica, incluidos seis niños pequeños, tras consumir refrigerios contaminados.
Una investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica concluyó que las muertes se debieron a insecticidas, ya que se descubrieron rastros de terbufos en un refrigerio.
Los autores del reporte advierten que también los agricultores resultan afectados cuando emplean los productos «sin ninguna información ni medida de protección personal».
Efecto «boomerang»
Las organizaciones describieron el efecto «boomerang» que genera para España este tipo de venta, ya que los contaminantes vuelven al país que los vendió, con productos alimenticios contaminados.
«Como en un efecto boomerang, los plaguicidas prohibidos vuelven a España como residuos en los alimentos importados desde los países extracomunitarios», señaló la ONG.
«Según los últimos datos disponibles, del año 2022, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) detectó 6 plaguicidas prohibidos en alimentos importados, entre ellos en el arroz, el trigo, las ciruelas o las judías».
¿Quiénes son los vendedores?
Solo 10 empresas exportan plaguicidas prohibidos desde el territorio español, dicen los autores.
Ellos identificaron a Teleos Hispania SLU que, con una venta anual de más de siete toneladas, es responsable por sí sola de más del 40% del volumen exportado en el año 2023.
Le siguen Agroquímicos del Levante (3,5 t) , Tris Hispania S.L. (1,6 t), Una empresa sin identificación (1,2 t), Bayer CropScience, S.L. (934.000 kg), la empresa americana Corteva Agriscience Spain, SLU (900.000 kg), Adama Agriculture España, S.A. (440.000 kg), Deuxal, SA (289.000), Mas Seeds, SP (216.000 kg), Texpa SA (120.000 kg), Industrial Química Key (13.300 kg). Además figura en la lista la empresa Lainco, SA, pero sin especificar la cantidad anual exportada.
Teleos Hispania y Tris Hispania son empresas consultoras, tienen menos de 10 trabajadores, comparten sede social y serían las responsables de la mitad de las exportaciones.
Uno de los dos administradores, según los autores, «combina este puesto», ocupando un alto cargo en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y en la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Madrid (ACHPM).
La segunda empresa en el ranking de exportaciones, Agroquímicos del Levante, se dedica a la desinfección de suelos, y tiene una plantilla inferior a 50 personas.
Un estudio de PAN Europe analizó las afirmaciones de la industria química, que en el pasado argumentó que si se paralizaba la venta habría una pérdida de muchos puestos de trabajo, llegó a la conclusión que la cifra de esas pérdidas sería muy baja.
PAN Europe analizó las ventas en Europa y encontró que se vendieron 81.000 toneladas fuera de la Unión Europea y en su mayoría a países de bajos recursos. «Más del 71% de los pesticidas adquiridos por los países de ingresos bajos y medios a la UE -en volumen y valor- en 2018, eran pesticidas peligrosos».
«Confiamos que este informe sirva para apoyar la paralización de las exportaciones tóxicas desde España», dijeron los autores.
Peticiones
Las organizaciones pidieron a las autoridades españolas que «prohíban las exportaciones de sustancias activas y mezclas prohibidas en la UE».
Al hacerlo, se cumpliría además el compromiso que España ya apoyó en el Consejo Europeo de marzo de 2021 y «el compromiso de acabar con el ‘doble rasero’ de la Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas».
También pidieron que España:
–Apoye la prohibición de la importación de alimentos con residuos de pesticidas prohibidos en la UE.
–Rechace el aumento del Límite Máximo de Residuos de plaguicidas permitidos en alimentos importados
–Mejore el control y seguimiento de importaciones en aduanas, dado el impacto negativo para la salud de la población consumidora y la competencia desleal para la agricultura española.
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