El Tribunal Supremo ordenó al Gobierno español que se haga cargo, en el plazo de 10 días, de «un millar de menores no acompañados solicitantes de asilo», que están en los servicios de acogida de Canarias
De acuerdo con la ley actual, «el sistema estatal de acogida de los menores que solicitan protección internacional no ha sido puesto a su disposición», dijo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según un comunicado de Poder Judicial. La competencia de esta Sala, entre otras, son los recursos contra actos y resoluciones de las entidades locales y comunidades autónomas.
En su decisión, dice que se basó en la Ley 12/2009, de asilo y protección subsidiaria, y en el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprobó un reglamento que regula el sistema de acogida en materia de protección internacional.
Tanto la ley como el decreto «diseñan un completo sistema de acogida para los solicitantes de asilo en el que se incluyen, entre otros, el derecho a «recibir prestaciones sociales específicas en los términos que se recogen en esta ley», dijo el Tribunal citando el artículo 18.1.g de la ley.
Estas prestaciones sociales abarcan «los servicios sociales y de acogida necesarios con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad», de acuerdo al artículo 30.
Además, el Tribunal recordó que la gestión del sistema de acogida corresponde a la Secretaría de Estado de Migraciones, según el Real Decreto 220/2022.
El Tribunal Supremo informó el 26 de marzo que emitió una medida cautelar a favor de la instancia del Gobierno de Canarias, que previamente había requerido al Gobierno de España la adopción de dichas medidas.
El plazo que da al Gobierno para que se haga cargo de los menores, son 10 dias. «Transcurrido dicho plazo la Sala decidirá sobre la celebración de una vista pública en relación con el cumplimiento de la medida cautelar adoptada».
Las autoridades de Canarias celebraron la decisión, aunque llega en un período en que el Gobierno se enfrenta a la oposición en cuanto a las leyes de acogida de menores inmigrantes, desde un sistema que verifique realmente su calidad de menores, hasta un proyecto que permita tutelarlos y devolverlos a sus familias reales.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, declaró que la medida cautelar del Tribunal ratifica «que las legítimas reivindicaciones de Canarias estaban fundadas en derecho, eran justas, eran morales y eran necesarias para proteger al menor».
En su opinión el millar de menores favorecidos, «son niños que huyen de guerras y situaciones políticas que los ponen en riesgo».
Así mismo indicó que la decisión del Tribunal Supremo se obtuvo tras un año y medio de lucha legal, y «llega una semana después de la aprobación y entrada en vigor del real decreto ley que pone en marcha un sistema nacional de distribución de menores migrantes mediante la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería». Se ha hecho «una política útil», dijo Clavijo.
Tras esos cambios, ahora «están ‘dando la razón’ a Canarias en sus reclamaciones», añadió.
La postura de Clavijo, se basa en la premisa legal del reconocimiento de «la vulneración de los derechos de la infancia por parte del Estado y su obligación de acogerlos».
La reciente modificación de la ley de extranjería, fue criticada por el partido Vox.
«La modificación de la ley de extranjería que aprobará el Gobierno por decreto y que establece un mecanismo permanente de redistribución de MENA supone abrir las puertas ‘a una inmigración ilegal descontrolada por completo’», dijo Vox en un comunicado el 18 de marzo.
Como argumento, agregó que ya ha habido un importante incremento en la llegada de menores a Ceuta, el que atribuye a las peticiones reiteradas del presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas, para los que los menores sean trasladados a otras autonomías, en vez de ser devueltos a sus padres.
El Consejo de Ministros de España anunció en esa fecha que había aprobado un Real Decreto-ley por el que permitirá reubicar a los niños y adolescentes inmigrantes no acompañados en las diferentes comunidades o ciudades autónomas del territorio español.
Se espera que durante el primer año se haga efectivo el traslado de 4 000 menores desde Canarias y 400 de Ceuta hacia el resto del país.
Mientras Canarias se debatía con el Gobierno de Sánchez por la competencia de los menores inmigrantes irregulares, Junts de Cataluña y la Coalición Canaria presentó una moción en el Congreso, en febrero de 2024, que pedía un reparto de los menores no acompañados tutelados en las islas, entre todas las comunidades autónomas, bajo la tutela y financiación del Estado.
El miembro del Vox, Angel Gordillo, defendió una enmienda del partido, que permitiría expulsar y reunificar los menores con sus padres, en vez de acogerlos indefinidamente.
Según el Sr. Gordillo es necesario que se permita al estado y las comunidades «proceder a la expulsión inmediata de todos aquellos inmigrantes que se encuentren ilegalmente en territorio español» y «en el caso particular de los menores no acompañados, estos deberán ser devueltos a sus países de origen de modo que queden confiados al cuidado de sus padres o de sus familiares más cercanos».
Para ello sugirió que «las autoridades competentes españolas compartan con las autoridades correspondientes del país de origen del menor toda la información relevante sobre la situación de los menores no acompañados de esa nacionalidad, con el fin de facilitar el retorno asistido de los menores al seno de sus familias».
Según el senador Aniceto Armas González, que defendió la moción original, el traslado era oportuno y conveniente «por el tiempo en el que estamos jugando, por el tiempo en el que nos están sucediendo las cosas, sobre todo en mi tierra, en Canarias», agregando que «durante el mes de enero (de 2024) llegaron a Canarias 7270 inmigrantes a bordo de 110 embarcaciones, según los datos actualizados del Ministerio del Interior».
La moción fue aprobada sin la enmienda de Vox.
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