La Policía Nacional reveló un esquema de «clientes-migrantes» que llegan en pateras desde Argelia. Antes de iniciar su viaje, ellos entregan su pasaporte y otros documentos a una banda criminal y pagan por un «pack» de regularización completa.
El «pack» les cuesta entre 10.000 y 15.000 euros.
Lo que los inmigrantes irregulares están dispuestos a pagar incluye diversas variables. Entre ellas, el costo de 600 y 900 euros por realizar un empadronamiento, entre 3.000 y 10.000 euros por un contrato fraudulento, entre 2.000, 6.000 euros por una unión civil ficticia y 200 euros por el transporte de la documentación del viajero, dijo la Policía Nacional a través de un comunicado del Ministerio del Interior, tras desmantelar una banda radicada en Zaragoza.
Todo comenzó a revelarse cuando se detectó un incremento inusual de solicitudes de ciudadanos argelinos, de autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales, dijeron las autoridades al relatar los hechos.
Las investigaciones sucesivas confirmaron «la presencia de diferentes documentos falsos para la tramitación de las mismas».
Las pesquisas permitieron localizar una red criminal internacional establecida en Zaragoza, España, «que se especializaba en la captación de nacionales de Argelia».
Una vez que eran introducidos en el país de manera irregular, se les gestionaba todos los trámites necesarios para iniciar su regularización.
Esta organización «contaba con nexos de unión directos con la llegada de pateras a las costas españolas desde Argelia, siendo una fuente directa de ‘clientes-migrantes’, a los que se les facilitaba un ‘pack’ de regularización completa», destaca la Policía Nacional en su relato.
«Los migrantes eran plenos conocedores de que a su llegada se iniciarían los trámites para su regularización, motivo por el cual facilitaban sus pasaportes originales de Argelia para que el entramado delictivo, a través de sus colaboradores, realizaran el traslado de esos pasaportes hasta territorio nacional».
«Llegaban a España en patera desde Argelia y eran alojados en un zulo ubicado en la ciudad de Zaragoza en el que vivían en condiciones infrahumanas», dijo la Policía, destacando que el lugar al que llegaban era de apenas nueve metros cuadrados.
Los migrantes debían permanecer ahí «hasta que conseguían la documentación de su regularización, por la que cobraban entre 10.000 y 15.000 euros».
Este pack incluía los empadronamientos, contratos de trabajo o cursos de formación fraudulentos con los que solicitaban permisos de residencia temporal por circunstancias excepcionales.
También les solicitaban «permisos de residencia de familiar comunitario mediante uniones civiles ficticias».
La policía destacó que «la elaboración de empadronamientos fraudulentos se realizaba mediante el método de ‘look-alike’ por el que la organización conseguía individuos que se parecían físicamente a las personas a empadronar, sin la necesidad de que la persona se encontrara realmente en el municipio del domicilio objeto de empadronamiento, o incluso en territorio español».
Detienen a 30 integrantes de la banda de Zaragoza
La Policía Nacional dijo el 25 de marzo que desmanteló la banda que ingresaba migrantes irregulares argelinos y detuvo a 30 personas, incluídas 28 de las provincias de Zaragoza, una de Huesca y otra más de San Sebastián, seis de los cuales han ingresado en prisión.
«Han sido detenidas seis personas, que han ingresado en prisión, por formar parte de la red criminal que mediante documentos fraudulentos o uniones civiles ficticias facilitaba la regularización de migrantes llegados en patera desde Argelia», confirmaron las autoridades.
Ellos «alojaban a los migrantes en un zulo de nueve metros cuadrados, en condiciones infrahumanas, hasta que conseguían la documentación de su regularización por la que cobraban entre 10.000 y 15.000 euros».
Los integrantes de la banda estaban coordinados en diferentes escalones de jerarquía. Los líderes estaban asentados en la provincia de Zaragoza, pero contaban con ramificaciones en otras provincias tales como «Alicante, Murcia, Huesca y Guipúzcoa».
Para realizar los empadronamientos fraudulentos en los domicilios y la formalización de contratos de trabajo falsos, la red de criminales «contaba con una amplia red de colaboradores e intermediarios».
«El objetivo último y principal, que era reunir los requisitos exigidos para la presentación de las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales en sus diferentes variantes».
La banda también tenía colaboradores en Francia, que le proporcionaban clientes asentados en dicho país. Se les ofrecía arreglar situación administrativa en España. y gestionar las solicitudes de permisos de residencia españoles sin necesidad de moverse del territorio francés, mediante el envío de fotocopias de sus pasaportes, empadronamientos a distancia, apertura de cuentas bancarias y justificantes médicos, entre otros.
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