La sesión plenaria del Congreso español aprobó este martes la toma en consideración, por 195 votos a favor, 116 en contra y 33 abstenciones, de la proposición de ley, iniciativa del Grupo Plurinacional SUMAR, que plantea la concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración española del territorio, y a sus descendientes.
La iniciativa pide que el derecho de nacionalidad se aplique a todos los saharauis nacidos en el territorio del Sahara Occidental antes del 26 de febrero de 1976, aun cuando no tengan residencia legal en España y que se reconozca entre otros, el certificado de nacimiento expedido por las autoridades saharauis de los campamentos de refugiados en Tinduf y legalizado por la Representación del Frente Polisario en España.
Durante el debate, la oposición destacó que el gobierno del Sahara Occidental no está reconocido, como tampoco el Frente Polisario.
La proposición proseguirá su tramitación parlamentaria, dijo el Congreso.
La diputada por Madrid, Teslem Andala Ubbi (GSUMAR), al presentar la iniciativa agradeció a las asociaciones saharauis que se encontraban presentes y a sus abogados que impulsaron la ley, la que consideró «crucial».
Andala Ubbi se identificó como saharaui, en representación de su pueblo, afirmando que nació en los campos de refugiados que se formaron durante la ocupación marroquí.
Sosteniendo la petición, relató que el pueblo cuenta con un censo, que le permite recibir ayuda, un pasaporte que no les permite permanecer en España, y un título de viaje humanitario argelino que les permite salir de los campos de refugiados y llegar a familias de acogida en España.
«Yo fui mena tres años. Mi madre de acogida vivía alarmada si tenía cualquier enfermedad. Mi madre de acogida no podía sacarme del país. Mi madre de acogida no conseguía matricularme en el colegio ni a mi hermano mellizo».
La proposición de ley busca afirmarse en que en la época de Franco, la Ley de 19 abril de 1961 estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en regímenes municipal y provincial», cuyo artículo cuarto disponía que «la provincia del Sahara gozará de los derechos de representación en Cortes y demás organismos públicos correspondientes a las provincias españolas».
«Sahara Occidental fue conocido desde entonces como la provincia número 53», sostiene la propuesta, reconocimiento que finalizó el 26 de febrero de 1976, cuando el Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas comunicó que el Gobierno español daba por terminada definitivamente su presencia en el territorio.
El diputado Enrique Fernando Santiago Romero (GSUMAR) destacó que la proposición es «un reconocimiento histórico».
La diputada por Tenerife, Cristina Valido Garcia (GMixto) declaró su apoyo a la presentación de Andala Ubbi afirmando que «bastaría con ese discurso para que hoy aprobáramos sin ninguna fisura esta propuesta». Ella sostuvo que hizo «la fotografía de una injusticia histórica que aquí nadie puede discutir».
La senadora Maribel Vaquero Montero (GPV), indicó que la iniciativa se refiere a una «injusticia histórica» y ofrece una situación excepcional para que los saharahui nacidos antes de 1976 accedan a la ciudadanía española.
El diputado José María Sánchez García (GVOX), al ofrecer su opinión, rechazó que se otorgue la nacionalidad a los saharahuis, «y menos a sus hijos», agregando que tiene «graves sospechas», de la alineación de quienes impulsan la proposición de ley, y citó la vinculación «con el Frente Polisario y con Argelia, que entonces era parte del pueblo soviético».
«El ala militar del Frente Polisario atentó hasta 19 veces contra España desde el año 1973 en el territorio del Sahara Occidental contra objetivos civiles, militares y económicos. Una organización terrorista», dijo el diputado.
Aunque la presentación de motivos «no es falsa», Sánchez García dijo que «omite algo importante», en que las decisiones adoptadas por el gobierno español en 1976 fueron decisiones determinadas porque España fue agredida por una acción bélica de Marruecos. También señaló que, en un momento dado, se ofreció la nacionalidad española a los saharauis, una oferta que venció al año.
El diputado agregó que una sentencia del 2020 del Tribunal Supremo les negó la nacionalidad a los saharahui.
«Ustedes han debido tener la sinceridad de decir que aquí hay un propósito político», añadió, sosteniendo a continuación que el Frente Polisario no es una entidad reconocida por España, como tampoco Sahara Occidental.
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en España y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.