El pleno del Tribunal Constitucional de España declaró inconstitucional varias de las normas del protocolo del gobierno de Canarias para la atención a los menores extranjeros no acompañados (MENAS) llegados en pateras y cayucos, que fue aprobado por el Ejecutivo de las islas en 2024.
Aunque la noticia era prevista, el gobierno de Canarias aún no ha llegado a un acuerdo final con el gobierno de España sobre la distribución de casi 5.800 menores inmigrantes no acompañados que la comunidad autónoma reclama que acoge en la actualidad «en solitario». Si bien un texto legal ya fue anunciado por las autoridades locales este mes, aun no se ha resuelto.
«La Comunidad Autónoma de Canarias no puede dejar de ejercer las competencias exclusivas que tiene en materia de asistencia social y protección de menores, en el caso de los menores no acompañados que llegan a España», comunicó el Tribunal Constitucional el 12 de febrero.
Las normas anuladas con esta fecha ya estaban suspendidas por la corte de garantías y por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Las normas de Canarias comunicaban a las entidades colaboradoras que no recibieran nuevos migrantes con cargo a dicha Comunidad Autónoma, salvo conformidad o autorización expresa previa de esta. A la vez alegaban al Estado a que hiciera efectivo un protocolo para la recogida y entrega de migrantes, en particular respecto de los menores extranjeros no acompañados, informó el Tribunal Constitucional.
El gobierno español impugnó estas normas argumentando que «tales disposiciones eran contrarias al derecho a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad del ser humano (art. 10 CE), y del derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral de las personas (art. 15 CE)», añade el fallo.
El tribunal dispuso que existe una «competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en materia de asistencia social (art. 148.1.20 CE), la cual incluye la de las personas inmigrantes que llegan a nuestro país».
Además menciona la doctrina constitucional que reconoce la situación de especial vulnerabilidad de los menores extranjeros no acompañados y la importancia de la protección de sus derechos, a los que se aplica la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor. El tribunal citó la sentencia STC 130/2022.
El orden concluyó diciendo que comprende «las dificultades que para la Comunidad Autónoma de Canarias representa la atención a los menores no acompañados que llegan a esa comunidad, y el posible desbordamiento de sus capacidades de atención, tal circunstancia no puede justificar la renuncia de esa comunidad al ejercicio de sus propias competencias, debiendo atenderse también al principio de cooperación y colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas».
Canarias anuncia mejoras
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, Candelaria Delgado (CC), después de la orden del pleno del Tribunal Constitucional, aseguró que, en cualquier caso, la «deficitaria tramitación de la entrega de los menores a la comunidad canaria» que alegó la comunidad para promover un nuevo protocolo, ha «mejorado» gracias a esa iniciativa.
«Ya toda la entrega de estos menores se produce ante un funcionario público, que es el que verifica la documentación y que ese menor es quien se nos entrega. No era lógico que se hiciera directamente a las entidades (sociales responsables de los centros) porque la comunidad autónoma es la que sabe la red de recursos que tiene y dónde tiene que ir ese menor por su edad y características», dijo Delgado.
Posible acuerdo y rechazos
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo que tiene el respaldo de los grupos parlamentarios que conforman el Pacto Canario por la Migración, los que no incluyen Vox, para la elaboración del documento del acuerdo pactado con el Estado.
El acuerdo pactado con el Estado contempla la salida de 4.000 menores de Canarias, además de 400 de Ceuta.
Clavijo agregó que los cabildos, ayuntamientos y universidades públicas de las islas también le dieron su apoyo.
«Canarias, se abre ahora la fase de búsqueda de apoyos en el Congreso de los Diputados para la aprobación del texto legislativo», informó el gobierno.
Partido Popular y Vox expresaron su rechazo a los criterios para la distribución de los menores si en el acuerdo se deja fuera de ese reparto a Cataluña y al País Vasco.
Además, el Grupo Parlamentario VOX informó que en el marco del pleno del Congreso del 13 de febrero, presentó una Proposición No de Ley «que insta al Gobierno de Canarias a llevar a cabo las pruebas periciales pertinentes para la correcta certificación de la edad de los catalogados como menores procedentes de la inmigración ilegal».
Según el grupo, existe una creciente preocupación de los españoles sobre la inmigración, que según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), es señalado por un 30,4% de los encuestados como su principal inquietud.
«A finales de 2023, había 15.045 menores con autorización de residencia en Canarias, siendo el 68% de ellos de nacionalidad marroquí y la mayoría varones (94%)», dijo Vox, añadiendo que la correcta determinación de la edad de los inmigrantes ilegales es crucial para evitar fraudes en la protección de menores.
«Lo que empezó como crisis humanitaria se ha convertido en una crisis de seguridad internacional», afirmó Paula Jover, presidenta de VOX Canarias.
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