El expresidente español, Mariano Rajoy, compareció el 5 de marzo ante la Comisión de Investigación del Congreso, conocida como «Operación Cataluña» y declaró que no tiene conocimiento de las acciones de espionaje por parte de su gobierno.
El expresidente y su exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, fueron convocados para asistir este miércoles a la décima sesión de comparecencias de la comisión parlamentaria que también investiga las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular «en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales, con la existencia de una trama parapolicial», informó el Congreso.
«Respecto a los dos asuntos que entiendo son lo más importante de esta comisión, tengo que decir lo siguiente: no tengo ningún conocimiento de la existencia de una denominada Operación Cataluña, ninguno», afirmó el expresidente, que fue líder del Partido Popular.
«Yo nunca espiaría», agregó en el interrogatorio.
Sobre el tema, dijo que «sí, conozco las actuaciones llevadas a cabo por dirigentes políticos de Cataluña, muy cualificados, que dieron lugar al final a la aplicación del artículo 155 de la Constitución con el voto prácticamente unánime de los señores Senadores y a la condena de esos dirigentes políticos por parte de los tribunales», añadiendo que «lo viví directamente e incluso yo planteé al Senado la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución».
A continuación añadió que el Tribunal Europeo de los derechos humanos dio a conocer «hace poco una sentencia en la que ratifica todo lo hecho en su día por el Tribunal Constitucional español en defensa de la Constitución Española y de la unidad de la nación y, por tanto, todas las iniciativas adoptadas en aquellos momentos por el gobierno».
Presunta compra del programa Pegasus
Antes de someter al expresidente Rajoy a las preguntas, el presidente de la Comisión aclaró que la investigación buscaba conocer en detalle las acciones del gobierno «sobre las delegaciones de la Generalitat en el exterior», así como detalles de sobre «el presunto desarrollo y o compra del software denominado Pegasus», y «plantear medidas de restricción y compensación para todas las personas afectadas».
Respecto al software, el diputado Ignacio Gil Lázaro, del grupo parlamentario VOX, dijo que «se ha pretendido disimular la liquidación de la tercera de las comisiones aprobada por el Pleno, la relativa al espionaje a líderes separatistas con el sistema Pegasus, que ni siquiera llegó a constituirse, incorporando su objeto a esta comisión por la mera vía de hecho, sin que exista acuerdo plenario que lo avale».
«Alguien debió caer en la cuenta que mantener sustantiva esa comisión Pegasus suponía para sus promotores un despropósito, puesto que el supuesto espiador era el actual gobierno», aseguró el parlamentario.
«Policías que han tratado de ajustar ante esta Comisión sus cuentas de tipo personal de los unos con los otros policías que, han afirmado que algunas de sus palabras no eran más que habían mentido flagrantemente», añadió Gil Lazaro.
Presuntas búsquedas policiales a diputados electos
La diputada Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Mixto, quien dio inicio al interrogatorio al expresidente, dijo que cuando Rajoy estaba en el gobierno se realizaron «6.903 búsquedas policiales», informadas al Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional
Luego detalló «120 búsquedas sobre joyas y barcos, a Pablo Iglesias. A Rafa Mayoral le hicieron 90 búsquedas, a Irene Montero, 30 búsquedas, al responsable de finanzas de ese momento de Podemos, 900 búsquedas, al referente del ecologismo, Juan López de Uralde, 700 búsquedas», añadió citando incluso otras más.
«Qué buscaban y por qué, si usted piensa que España es una democracia, hicieron búsquedas ilegales a los diputados y diputadas de Podemos que éramos miembros elegidos democráticamente por los españoles y españolas», preguntó la diputada.
Rajoy respondió: «Como soy un demócrata, yo nunca espiaría a miembros de las Cortes Generales, nunca lo haría y con absoluta franqueza es que yo no tendría ni tengo ni tendré ningún interés en hacer ninguna inspección sobre ustedes porque no me parece que sean tan importantes para mi vida».
Según la diputada, el Comisario Germán Castiñeira de la Jefatura Provincial de Madrid, confirmó en un procedimiento judicial ante el juez federal que recibió la orden de revisar «todos los antecedentes penales de los diputados y diputadas de Podemos» por orden de su secretario de Estado de Seguridad el señor Paco Martínez.
Rajoy respondió que el asunto está en los tribunales y que ahí es donde se realizan las indagaciones.
El diputado Gil Lázaro, afirmó que su grupo votó en contra de tres investigaciones de la Comisión del Congreso, incluida la investigación de los atentados en Barcelona y Cambrils de 2017, y la trama policial del software Pegasus, por lo que no interrogaría a Rajoy.
Estas «responden a un mismo planteamiento de fondo, deslegitimar la acción del Estado frente al golpe separatista y en última instancia (…) blanquear la concesión de los indultos y la amnistía por parte del gobierno de Sánchez, pues bien, en el caso concreto de esta comisión de investigación en la que estamos, se pretende, construir un relato de persecución ilegal orquestado desde Madrid por diversas autoridades políticas judiciales policiales y medios de comunicación para victimizar a los promotores del golpe separatista y presentar este como un legítimo movimiento de autodefensa».
Dirigiéndose al expresidente, el representante del Vox añadió que si bien habia votado en contra, mantiene «una profunda discrepancia con lo que fue su acción de gobierno».
«Los españoles le dieron una mayoría absoluta para que usted desmontara la nefasta herencia de Zapatero especialmente sus leyes ideológicas y sus pactos con ETA pero usted no lo hizo».
«Además, el resultado de su política en Cataluña es obvio, ahí está por desgracia dos referéndum ilegales, la consumación brevísima, pero la consumación del golpe de Estado separatista, la fuga de Puigdemont, y una aplicación, a nuestro juicio breve, blanda, e inútil, del artículo 155 de la Constitución».
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