El Grupo Socialista registró, junto al Grupo Plurinacional Sumar, una nueva Proposición de Ley para regular el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.« »
Es la segunda vez que ambos grupos parlamentarios presentan la proposición de ley, retirada la semana tras ser aprobada con enmiendas de otros partidos que habrían reducido algunos impuestos.
Al anunciar la proposición, el PSOE dijo que esto sucedió después de que «en la fase de ponencia en la Cámara Baja se incorporaran enmiendas parciales que generaban incertidumbre y eran ajenas al sentido de la propia ley».
Las enmiendas habían conseguido suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica cuando no haya déficit de tarifa.
Tras un acuerdo del Consejo de Ministros, el 25 de febrero, el gobierno declaró que dejó sin efecto la aprobación del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, en la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y retiró la tramitación ante el Congreso de los Diputados.
La Comisión de Transición Ecológica del Congreso optó por buscar mayores acuerdos para continuar su tramitación, dijo el PSOE.
Durante la tramitación de esta norma, hace dos meses, el PP y Junts introdujeron una enmienda transaccional para suspender el mencionado impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, en determinados casos, que en la actualidad está fijado en el 7%, dijo el Periódico de Energía.
Después de la introducción de la enmienda, en fase de ponencia, el PSOE y Sumar dejaron sin fecha la convocatoria de la comisión, lo que era la siguiente fase del trámite parlamentario.
El avance de la proposición no fue llano. El gobierno debió suspender la primera convocatoria de la ponencia por falta de apoyos y también trató de utilizar el poder de veto sobre la enmienda para eliminar ese impuesto, argumentando que supondría una merma de recursos de 1.500 millones de euros, agregó el periódico.
El veto debía aprobarlo la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso, presidida por la exministra socialista Cristina Narbona, pero cuando se convocó la reunión para revisar las enmiendas y los vetos, la ausencia del diputado almeriense del PSOE Juan Antonio Lorenzo provocó que el Gobierno perdiera su mayoría en la Mesa. El diputado fue multado con 1.200 euros.
Según fuentes del PP citadas por el periódico, la suspensión de este impuesto suponía un ahorro estimado de 400 millones para las familias españolas, 500 millones para las pymes, y de 200 millones para las grandes industrias.
El PSOE dijo que continuará con la tramitación de la ley y que su propósito es «lograr consensos amplios».
«La existencia de un marco normativo estable es una petición de nuestra propia industria y debemos estar a la altura de sus demandas y necesidades», declaró la portavoz socialista de Medio Ambiente y diputada por Málaga, Nieves Ramírez.
Según la diputada, lo que se persigue es «alcanzar una mayor reducción de emisiones, al menos, un 55% en 2030 respecto a los niveles de 1990 y aumentar los ingresos públicos para la transición».
En su opinión, la proposición «proteger a los más vulnerables» para «cumplir con nuestros compromisos en la lucha contra el cambio climático y el progreso verde».
Según María José Rodríguez de Millán Parro, portavoz del Grupo Parlamentario VOX, bajo el «pretexto de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050», se está imponiendo un Pacto Verde Europeo que incluye una «imposición de políticas ideológicas».
«Lejos de proteger» al el sector primario español, que «atraviesa una crisis sin precedentes», están «asfixiando a nuestros productores con normativas medioambientales desproporcionadas y la competencia desleal de países extracomunitarios», una política «promovida desde la propia Unión Europea».
La parlamentaria presentó una proposición de ley en febrero sobre las medidas que adopte el Gobierno por el Pacto Verde, pero su esta fue rechazada el 6 de marzo.
En su presentación, dijo que como consecuencia del Pacto Verde, «en los últimos cuatro años se han perdido 14.300 empresas agrarias y 35.000 empleos en el sector primario.
«El Acuerdo de París, hecho en París el 12 de diciembre de 2015, sentó las bases del Pacto Verde Europeo al priorizar objetivos climáticos radicales en detrimento del desarrollo económico y la seguridad alimentaria de España», añadió Sra. Rodríguez de Millán Parro
Este ha servido «como justificación para la implementación de normativas que han limitado y encarecido el uso de productos esenciales para el campo -como los insumos agrícolas o el combustible- lo que necesariamente se ha traducido en mayores costes para las explotaciones, la amenaza para su viabilidad y el debilitamiento de nuestra capacidad competitiva en los mercados internacionales».
Se extienden los plazos
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró el 4 de marzo que el brazo ejecutivo de la UE hará una propuesta de este mes que da a la industria tres años, en lugar de solo uno, para cumplir los objetivos de emisiones de CO2.
«Los objetivos siguen siendo los mismos. Tienen que cumplirse los objetivos, pero esto significa más margen de maniobra para la industria», dijo Von der Leyen en una conferencia de prensa.
La propuesta requiere la aprobación de los gobiernos de la UE y del Parlamento Europeo. Fuente: The Epoch Times España.
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