La Comisión Europea tiene previsto analizar dos quejas en contra de la proposición de ley registrada por el Partido Socialista de España, que limitaría el ejercicio de la acusación popular y anularía una serie de causas contra familiares del presidente Pedro Sánchez.
El tema estará presente en el diálogo previsto para la primera semana de abril entre la Comisión Europea y el Gobierno español, durante el cual se preparará el informe anual del Estado de derecho en los países de la Unión Europea antes de su publicación este verano.
En España existen tres formas de personarse como acusación en un proceso judicial y una de ellas es la acusación particular. Las otras dos son a través del Ministerio Fiscal y acusación popular.
El PSOE ha registrado en enero en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que regula el ejercicio de la acusación popular, con relación a las motivaciones de las causas judiciales y los pronunciamientos de jueces y fiscales sobre asuntos judicializados y otros. Fue titulada proposición de Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales frente al Acoso Derivado de Acciones Judiciales Abusivas.
La reforma propone la modificación del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprobó la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la supresión del artículo 525 del Código Civil y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los profesores de Derecho Javier Hernando Masdeu y David Delgado Ramos, presentaron dos escritos con quejas sobre la proposición de ley a la comisión de Peticiones de la Comisión Europea, advirtiendo, según declaraciones recogidas por la agencia Efe, que la iniciativa se produjo mientras hay varios procedimientos judiciales impulsados por acusaciones populares, entre ellos los que afectan a la mujer y hermano de Sánchez.
La propuesta «responde al temor del presidente del Gobierno de que resulten encausados sus familiares directos», llega en un momento de «enorme debilidad política» del PSOE y «carece de justificación desde el punto de vista jurídico», alegó Delgado Ramos.
Uno de los escritos, dice que la «Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas», responde de forma «ad hoc» a investigaciones judiciales en curso que afectan a familiares del presidente Pedro Sánchez y busca restringir drásticamente la acción popular e introducir una causa de recusación de jueces por motivos políticos, de acuerdo a información publicada por el Partido Popular.
En la segunda petición, destaca que «se denuncia que la reforma de la acción popular, limita drásticamente la participación ciudadana en la Justicia, restringiéndola a ciertos delitos y excluyendo a partidos, asociaciones y entidades jurídicas». Además, alega que la reforma «establece un control judicial sobre los querellantes, dificultando aún más su personación en los procesos».
La propuesta del PSOE, en caso de avanzar, permite que la ley se ejerza con carácter retroactivo y pueda aplicarse a investigaciones que ya se encuentren en curso, lo que también afectaría, según una recopilación de Efe, a decenas de casos en los que hay partidos personados, en especial el PP, el PSOE y Vox, entre ellos el caso Koldo, que involucra al exministro socialista José Luis Ábalos
La acusación popular está reconocida y «regulada en el artículo 125 de la Constitución Española (CE) y da legitimidad a cualquier ciudadano español para que pueda personarse en un proceso judicial penal, aunque no se haya visto afectado directamente por el delito en cuestión».
El jefe de unidad para asuntos de Estado de derecho de la Comisión Europea, Florian Geyer, confirmó a la agencia Efe que los dos ciudadanos españoles presentaron ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo dos quejas sobre esta proposición de ley.
Según el Sr. Geyer, los gobiernos europeos y las instituciones europeas tienen una «responsabilidad compartida» de respetar los valores del Estado de derecho, entre ellos la independencia judicial.
También afirmó que tras las habituales visitas que realiza la Comisión Europea a los países de la UE, que en España se realizarán en los próximos 31 de marzo y 2 de abril, se preparará un informe sobre el estado de derecho del país.
La visita, que «contribuirá» al informe que la Comisión presentará en julio, incluirá reuniones con el Gobierno, pero también con asociaciones y autoridades judiciales, fuerzas de seguridad, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, una práctica normal en todos los Estados miembros para preparar dicho informe.
En el informe 2024, la Comisión Europea comunicó que en España, «sigue pendiente una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que también podría aumentar la eficiencia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel».
Reacciones a la reforma del gobierno
El portavoz de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, defendió a la acusación popular como la «manifestación de una democracia directa para que no quede todo en manos de las burocracias y de los políticos».
«El PSOE quiere acabar con la acusación popular y perseguir a los jueces por cualquier opinión que manifiesten. La acusación popular es democracia y es garantía para el caso de que la Fiscalía no actúe debidamente, siempre y en todo caso», escribió el europarlamentario en un mensaje de X acompañado de un vídeo desde Bruselas.
«Lo cierto es que los hechos son indiscutibles», añadió el político de Vox. «La acusación popular está precisamente para responder ante un hecho indiscutible: que el poder político en manos de la casta controla a la Fiscalía. Para eso está la acusación popular, (para) cuando la Fiscalía no actúa debiendo actuar».
«No hay ni sombra de riesgo para el Estado de Derecho en una iniciativa legislativa presentada en el Congreso que ni siquiera ha iniciado su tramitación», señaló por su parte el socialista Juan Fernando López Aguilar, durante el debate de la propuesta, agregando que España es el único país de la UE en el que existe esta figura legal y que la Constitución permite al legislador determinar cómo se puede ejercer.
En cambio, Alma Ezcurra (PP) destacó que la acusación popular «permite que ciudadanos impulsen la justicia cuando por alguna razón las instituciones están despistadas»
La Sra Ezcurra criticó que el PSOE haya registrado una ley. «No le basta con tener amenazada a la oposición, silenciar a la acusación pública y tener a los jueces maniatados, quiere ir un pasito más allá. Ahora quiere ir a por la prensa libre, así que continúa utilizando la televisión pública como máquina de propaganda, amenazando a empresarios con cambios en el accionariado de medios de comunicación privados que no le siguen el agua al gobierno», criticó la Sra. Azcurra.
La portavoz del PP y vicepresidenta del Grupo PPE, Dolors Montserrat, afirmó a través de su página Web, que la reforma «es una ley ad hominem para librar de la acción de la justicia a las personas que rodean al presidente». «Es la prueba de hasta dónde puede llegar este Gobierno para garantizar la impunidad de su círculo, pues la acusación popular es un mecanismo de participación procesal previsto en el artículo 125 de la Constitución como derecho de los ciudadanos».
Causa contra Begoña Gómez
La Sra. Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, tiene abierta una causa judicial en su contra desde abril de 2024, presentada por el colectivo Manos Limpias por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Esta se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
Inicialmente, se argumentó que Gómez había actuado «prevaliéndose de su estatus personal» al haber firmado una serie cartas de recomendación para varios concursos públicos, en favor de un empresario, que supuestamente habría obtenido 10 millones de euros en licitaciones. Esta denuncia se basaba en informaciones publicadas por medios digitales, y el juez instructor, Juan Carlos Peinado, aceptó a trámite la causa.
El 29 de mayo, la Audiencia Provincial de Madrid abrió diligencias de investigación por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, aceptando la petición del juez Peinado. El 5 de julio, Begoña Gómez acudió a los juzgados de Plaza de Castilla para comparecer en calidad de investigada, pero el 19 de julio, Gómez se acogió a su derecho a no declarar.
El juez Peinado citó a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en calidad de esposo y no por ser presidente del Gobierno, pero el 30 de julio, el presidente se acogió a su derecho a no declarar por ser cónyuge de la investigada.
El 2 de agosto, Begoña Gómez también presentó una querella por presunta prevaricación y revelación de secretos contra el juez que la investiga. El 29 de octubre, el juez Peinado ampliaba la investigación contra Begoña Gómez
El 13 de noviembre, Begoña Gómez se acogía a su derecho a no declarar en la Comisión de Investigación celebrada en la Asamblea de Madrid.
Una reciente decisión de la corte de garantías agilizó la tramitación de la reforma del gobierno y que limita la acusación popular y que, si finalmente entra en vigor, obligará a archivar la investigación por tráfico de influencias a la esposa del presidente del Gobierno.
Unos 10 días atrás, el Tribunal Constitucional (TC) anuló, con cuatro votos en contra, la reforma del Reglamento del Senado aprobada en noviembre de 2023, que permitía a la Cámara Baja retrasar hasta dos meses la tramitación de una proposición de ley.
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