El más reciente conflicto armado de Sudán está generando un desplazamiento masivo de la población, con millones de personas que están buscando asilo y protección fuera del país, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) y la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR).
Los desplazados sudaneses dentro y fuera de su territorio alcanzaron la cifra de 12.510.544 millones, informó la UNHCR según su última actualización de datos sobre Sudán, del 10 de febrero, indicando que 2.654.619 se encuentran fuera del país, en su mayoría en Chad, Libia y Egipto, buscando refugio.
España suele recibir inmigrantes sudaneses. El más reciente informe del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), que indica cifras del 2023, en el país vivían 1056 sudaneses con autorización de residencia, más otros 59 con diferente tipo de documentación.
UNHCR atribuye el reciente flujo migratorio al conflicto a los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).
«A pesar de los esfuerzos diplomáticos, el conflicto en Sudán ha continuado sin cesar desde abril de 2023. Se ha convertido en la mayor y más devastadora crisis humanitaria, de desplazamiento y de protección del mundo actual», dijo la UNHCR en su reporte de la actual situación de Sudán.
«El conflicto ha implicado niveles extremos de violencia y violaciones de los derechos humanos contra civiles, incluida la violencia sexual, la tortura, asesinatos arbitrarios, extorsión de civiles y ataques contra grupos étnicos específicos», agregó la agencia.
El número de sudaneses que huyen de su país ha ido en aumento como lo demuestran las cifras. Según la UNHCR, desde abril de 2023, más de 3 millones de sudaneses decidieron salir del país, incluyendo 2,5 de refugiados y solicitantes de asilo. En junio que registraban 1,8 millones de refugiados sudaneses fuera del país, de acuerdo al más reciente Informe Semestral de Tendencias de ACNUR, el que advirtió que unos 250.000 habían abandonado el país en la primera mitad del año.
«Se trata del desplazamiento más reciente y de mayor proporción en el mundo en dicho período», destacó entonces la ACNUR.
La ruta de Ceuta y Melilla
Para llegar a España, algunos sudaneses han atravesado Chad, Libia, Níger, y Argelia, y tras pasar por Marruecos, han intentado cruzar la valla de Melilla. En un evento muy documentado del año 2022, atribuido en su mayoría a sudaneses, más de 1700 migrantes intentaron cruzar la frontera española en Melilla por la fuerza, muriendo al menos 23 de ellos en el intento.
En 2023 la agencia Efe informó que las personas que estuvieron en la tragedia de la valla de Melilla «que costó la vida a 23 personas, casi todas de Sudán, siguen en Marruecos decididos a llegar a Europa», y señaló que las autoridades marroquíes les estaba empujando a buscar otras vías como Túnez.
«Tenemos dos opciones: intentar acceder a Ceuta y Melilla o buscar otro camino que no pase por Marruecos. Para salir por mar desde aquí se necesita dinero y nosotros no tenemos ni para comer», declaró Mohamed Hasán a la agencia Efe.
Según ACNUR, «la situación en Sudán es cada vez más grave, ya que se estima que más de la mitad de la población experimenta altos niveles de inseguridad alimentaria». Los datos del Banco Mundial indican que la población de Sudán, que en el año 2000 era de 27 millones, aumentó en 23 años a más de 50 millones.
Obligaciones de los estados, según la ACNUR
ACNUR considera a los refugiados como las «personas que buscan protección en otro país después de haber huido de sus hogares para escapar de persecuciones, conflictos, violencia, violaciones graves de los derechos humanos u otros acontecimientos que alteren gravemente el orden público. Como su país de origen es incapaz o no quiere protegerlas, estas personas necesitan que otro país les brinde protección internacional».
«En estos casos, las personas ejercen un derecho humano universal: el derecho a solicitar y disfrutar del asilo».
Los estados están obligados, según la agencia de la ONU, a garantizar el acceso de los solicitantes de protección internacional al territorio y a la solicitud de asilo y a «no penalizarles por cruzar fronteras internacionales de forma irregular —sin contar con autorización o documentos necesarios— para buscar protección, pues solicitar asilo no es ilegal».
ACNUR además se rige por el «principio de no devolución», en que los países deben garantizar que «no se les expulse ni devuelva a situaciones donde su vida o su libertad corren peligro». La protección finaliza solo cuando las personas refugiadas obtienen una solución duradera, «ya sea porque pueden volver a su país de forma segura, se integran en el país de acogida o se produce el reasentamiento en un tercer país de asilo».
Para España y Europa, el beneficiario de protección internacional, es «una persona a la que se ha concedido el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria», dice la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, según la Agencia Estatal Boletín Oficial de Estado de España del 20 de diciembre de 2011.
La protección subsidiaria se otorga a quienes no reúnen los requisitos para ser refugiado, «pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves», definidos en el documento de BOE como condenas a muerte o ejecución, tortura, amenazas de vida por la violencia.
También se le da protección subsidiaria a quien «no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país», dice el documento de BOE.
En 2024 la cantidad de refugiados bajo mandato de ACNUR a nivel mundial eran 32 millones, más 8 millones de solicitantes de asilo y 5,8 millones de personas solicitantes de protección internacional.
El año pasado España registró la entrada de más de 63.000 inmigrantes irregulares, de los cuales 46.500 lo hicieron a través de Canarias. Los inmigrantes llegados por tierra a través de Ceuta y Melilla fueron 475.
En el mismo año, el país otorgó asilo y protección subsidiaria a 17.408 inmigrantes, en su mayoría de Mali, Siria, Nicaragua, Somalia y Afganistán, según las estadísticas del Ministerio del Interior. También otorgó residencia humanitaria a más de 33.000 personas, en su mayoría venezolanos.
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