La Comunidad de Madrid solicitó al Gobierno central el inicio de los expedientes de repatriación de cuatro inmigrantes menores no acompañados, y está evaluando otros casos similares, tras los recientes incidentes ocurridos en un centro de acogida.
Las autoridades cursaron el trámite antes de que este lunes, una pelea multitudinaria entre jóvenes en el centro de menores de La Cantueña, de Fuenlabrada, terminara con la detención de 12 extranjeros quienes hirieron a los vigilantes de seguridad y trabajadores del centro.
La repatriación busca ofrecer una solución «eficaz» para los menores con «dificultades de adaptación» que «están protagonizando episodios violentos o delictivos», dijo el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, a la que estuvo presente EFE.
La propuesta de reagrupación familiar en los países de origen de estos cuatro menores es la primera de su tipo, indicó García.
El Sr. García adelantó que la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia de la Comunidad ya está analizando los otros casos.
Con relación a los altercados registrados en el centro de acogida de La Cantueña, afirmó que hay inmigrantes menores «presos de las mafias y también otros compañeros que se comportan de manera violenta».
Sobre su integración en España, «estamos viendo que se ha visto prácticamente inviable o muy comprometida».
Acción policial
El lunes, cerca de las dos de la tarde, en el interior del centro de La Cantueña, por motivos que los agentes siguen investigando, unos menores comenzaron unos altercados.
Cuando los vigilantes de seguridad y varios educadores del centro, intervinieron para intentar detener la reyerta, fueron agredidos y algunos necesitaron atención sanitaria, informó Tele Madrid
Ante la imposibilidad de detener la violencia, la Policía Nacional se personó en el lugar y logró contener la pelea.
Solicitud de repatriación
El Sr. García dijo que «pedimos al Gobierno central que asuma sus competencias y que inicie, cuanto antes, estos expedientes» de expatriación.
«La prioridad es la protección de todos los menores», argumentó el portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración.
Las autoridades de Madrid están evaluando a «todos aquellos casos que presenten imposibilidad real de integración».
Ellos perjudican a «la mayoría de los menores, que sí desean integrarse y que están siguiendo su proyecto educativo de manera ejemplar», dijo García.
«La mejor opción, muchas veces», según «criterios técnicos», puede ser «regresar a un entorno familiar», agregó el Sr. García.
Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, apoyó la iniciativa y pidió este martes enviar de vuelta a los menores extranjeros no acompañados (MENA) del centro La Cantueña, en Fuenlabrada.
Vázquez declaró que «desde una perspectiva cristiana», lo que sucede dentro de La Cantueña es «inaceptable» y una «política procriminal» que en su opinión solo se está fomentando «el tráfico de seres humanos, las muertes en el mar y el efecto llamada».
«¿Qué pasa si mañana el señor Sánchez le dice a la señora Ayuso que van a venir 2 000 MENA a Madrid? ¿Nos va a decir la señora Ayuso que va a cumplir la ley? ¿Nos va a decir que va a aumentar el gasto para seguir financiando a todas estas ONG».
Recurso contra la reforma de la Ley de Extranjería
Paralelamente, García anunció que la Comunidad de Madrid había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente reforma de la Ley de Extranjería aprobada por el Gobierno central.
El Consejo de Ministros de España aprobó el 18 de marzo un Real Decreto-ley que permitirá reubicar a los menores inmigrantes no acompañados en las diferentes comunidades o ciudades autónomas del territorio español.
Inicialmente, se pretende reubicar a 4 400 menores llegados a Canarias y Ceuta. Una propuesta inicial, aún no oficial, indicaba que a la Comunidad de Madrid le corresponderían entre 700 y 800 menores.
En esa fecha, el Sr. García, dijo a EFE que los centros de la región están «sobresaturados por encima del 150 % de su capacidad», por lo que «habrá que buscar espacios». Entre ellos, él mencionó el centro de acogida de La Cantueña, en Fuenlabrada.
La administración madrileña considera que los criterios fijados para el reparto de menores inmigrantes vulneran competencias autonómicas y afectan la capacidad de gestión de las comunidades.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se pronunció el 26 de marzo en las redes sociales sobre la acción legal.
«Presentamos recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra el Real Decreto que modifica la Ley de Extranjería y el reparto de menores», escribió la Sra. Ayuso en X, añadiendo:
«-Invade competencias exclusivas autonómicas. -Nuestra autonomía financiera. -Debería ir por Ley Orgánica. -Vulnera derechos fundamentales del menor. -Multiplica los problemas de la inmigración ilegal. -Vulnera los principios de lealtad administrativa negociándolo con partidos independentistas. -Falta memoria económica».
«Nuestro gobierno cumple la ley, por eso ya atendemos a miles de menores», concluyó la Sra. Ayuso.
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