El 28 de febrero de 2024, de conformidad con un acuerdo adoptado en la Cámara en una sesión del día 12 de diciembre de 2023, se constituyeron tres Comisiones de Investigación por presuntos asuntos ocurridos durante el gobierno de Mariajo Rajoy.
Pasaron más de seis meses antes de que comenzaran las primeras sesiones públicas e interrogatorios. Las comisiones intentan establecer presuntas acciones ilegales contra líderes o políticos de Podemos y de Cataluña.
La primera de las Comisiones de investigación, se refiere a la denominada «Operación Cataluña», sobre posibles acciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular.
La investigación, intenta probar «presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales, con la existencia de una trama parapolicial». Se mencionan acusaciones de espionaje a líderes de Podemos y a líderes independentistas. La comisión dice que quiere «identificar a todos los presuntos responsables políticos miembros del Gobierno y/o de la Administración General del Estado y/u organismos dependientes».
La diputada socialista por Palencia, María Luz Martínez, presidió inicialmente la comisión, y desde el 28 de noviembre, está cargo del diputado del Partido Socialista Catalán, Arnau Ramírez, secretario del LGTBI.
En una de las sesiones, el diputado Josep Pagès de Junts per Catalunya, trató de establecer que «el nacimiento de la Operación Cataluña», sería «octubre de 2012», por presuntas conversaciones, audios y una serie de declaraciones contrastantes de los policías.
En dos sesiones se interrogó largamente a Marcelino Martín-Blas Aranda, comisario principal honorario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía y jefe de la Unidad de Asuntos Internos entre los años 2012 y 2015, quien llevó al Congreso documentación escrita y audios que fueron rechazados como «ilegales» por los diputados del Partido Popular y Vox, ya sea por la forma en que fueron obtenidos, en que se dieron fuentes diferentes o por ser parte de una causa legal en proceso, que contarían con medidas cautelares.
Cuando se le preguntó al excomisario por los audios, él respondió que estos se hicieron públicos a través de la prensa.
Según el Sr. Martín-Blas, desde la fecha de un audio que se mencionó del año 2012, la Operación Cataluña progresó con diversos casos judiciales hasta llegar al caso del parlamento catalán, en 2017.
Sin embargo, él reconoció que si él era el responsable de la llamada Operación Cataluña, las investigaciones que hizo eran todas legales.
En la novena sesión de la investigación, compareció el expresidente Mariano Rajoy quien sirvió como Primer Ministro entre los años 2011 y 2018. Él defendió que «respecto a los dos asuntos que entiendo son lo más importante de esta comisión, tengo que decir lo siguiente: no tengo ningún conocimiento de la existencia de una denominada Operación Cataluña, ninguno», afirmó el expresidente ante los miembros de la comisión justo antes del interrogatorio.
«Yo nunca espiaría», agregó Rajoy con relación a dar órdenes sobre un presunto espionaje.
El presidente aseguró que las medidas que el gobierno llevó a cabo contra las acciones independentistas en 2017, en Cataluña, liderada entonces por Carles Puigdemont, se basaron en la constitución.
El 6 y 7 de septiembre, el Parlamento de Cataluña aprobó un referéndum por la independencia, con los votos de Junts pel Sí y el grupo Candidatura de Unión Popular. Tras ellos hubo una suspensión de parte del Tribunal Constitucional, pero igual se realizó el Referéndum, y luego la Declaración de independencia el 27 de octubre, lo que dio lugar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Con esto, Rajoy cesó a Puigdemont y su gobierno, y disolvió el parlamento catalán, convocando nuevas elecciones.
«Sí, conozco las actuaciones llevadas a cabo por dirigentes políticos de Cataluña, muy cualificados, que dieron lugar al final a la aplicación del artículo 155 de la Constitución con el voto prácticamente unánime de los señores Senadores y a la condena de esos dirigentes políticos por parte de los tribunales», declaró Rajoy ante la comisión, añadiendo que «lo viví directamente e incluso yo planteé al Senado la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución».
La segunda comisión, que también está en curso, es «sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017», y está presidida por el parlamentario de Podemos por Alicante Txema Guijarro y co presidida por la entonces diputada del Partido Popular por Barcelona Llanos de Luna Tobarra, sigue en desarrollo.
La tercera comisión, es «sobre el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad, a través de los malware Pegasus y Candiru a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados», y estuvo presidida por el parlamentario nacional y secretario provincial del PSOE en Cuenca, Luis C. Sahuquillo, y co presidida por el diputado de Izquierda Unida y secretario nacional del Partido Comunista, Enrique Santiago. Esta comisión se decantó sin que diera lugar a comparecencias. Pero el asunto se está llevando en la comisión de la supuesta Operación Cataluña.
En las primeras sesiones públicas comparecieron Francisco Martínez Vázquez, exsecretario de Estado de Seguridad (15/10/24); don Eugenio Pino Sánchez, comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía y director adjunto operativo de dicho cuerpo entre los años 2012 y 2016 (15/10/24); el señor Marcelino Martín-Blas Aranda, comisario principal honorario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía y jefe de la Unidad de Asuntos Internos entre los años 2012 y 2015 (12/11 y 19/11/24).
Diputados alegan irregularidades
El 15 de octubre de 2024, la presidenta de la comisión Operación Cataluña, María Luz Martínez, dijo que la investigación también incluiría el asunto del «software denominado Pegasus u otras herramientas utilizadas presuntamente para espiar» y que buscarían «proponer y plantear medidas de restitución y compensación para todas las personas afectadas por las investigaciones irregulares o ilegales».
El diputado del Vox, Ignacio Gil Lázaro, alegó el 12 de noviembre que la tercera comisión, que trataba el espionaje a través del método Pegasus, había sido finiquitada, y que no avanzó por posible inconveniencia, ya que se trataría de un supuesto espionaje «ya de responsabilidad del actual Gobierno», de Sánchez, «a líderes independentistas».
El diputado de Vox, Javier Ortega Smith, añadió en otra intervención que quienes han instado a la creación de las tres comisiones, el Grupo Junts y la Esquerra Republicana, «intentan cuestionar, y esto es lo grave, la labor del Estado».
«Intentan cuestionar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En concreto, ahora, a nuestra Policía Nacional».
«Intentan cuestionar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En concreto, ahora, a nuestra Policía Nacional, para que no puedan investigar los delitos que crean necesarios. Intentan cuestionar a los jueces, para que no puedan investigar y enjuiciar esos presuntos delitos».
Al respecto, la diputada Martina Velarde, del Grupo Parlamentario Mixto, intentó establecer que el juez Manel García-Castellón no actuaba en forma objetiva.
«¿Es una persona en la que se puede confiar que haya actuado de una manera objetiva e imparcial en cualquiera de los casos relacionados con los temas que aquí estamos tratando hoy, ya sea del independentismo, ya sea también en el caso de Podemos?», preguntó la diputada al Eugenio Pino Sánchez, comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía y director adjunto operativo de dicho cuerpo entre los años 2012.
El diputado Ortega, también alegó que existía una relación de la comisión Operación Cataluña con el juicio de los Pujol, en que a los demandados se les acusa de enviar dinero a Andorra, obtenido ilegalmente como porcentaje de las obras públicas que se hacían en Cataluña. También mencionó presuntas responsabilidades de Carles Puigdemont, quien desde octubre de 2024 ocupa la presidencia del partido político Junts per Catalunya, y de Oriol Junqueras, condenado por el Tribunal Supremo. En su opinión, las comisiones de investigación están tratando de «tapar sus ilegalidades».
El Poder Judicial, fiijó el pasado 7 de noviembre un juicio contra el expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol Soley, y sus siete hijos y otras 16 personas, por delitos que el juez instructor calificó como organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental, el que esta fijado para comenzar el 10 de noviembre.
En el caso de los Pujol, entre otros 50 testigos, figura el comisario jubilado José Manuel Villarejo y entre otros, el excomisario Eugenio Pino, quien fue citado para comparecer ante la comisión.
Junqueras, en cambio, fue condenado junto a otros independentistas al concluirse que ellos obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial con el llamado ‘procés’ y que los gastos del 1-O (Referéndum independentista) habían causado un perjuicio a las finanzas europeas.
Otro de los reclamos lo dio el diputado del Partido Popular, Rafael Hernando. Cuando el 15 de octubre compareció el exsecretario de Estado de Seguridad de Rajoy, Francisco Martínez Vázquez, el 15 de octubre, el Sr. Hernando, destacó que ya era «la cuarta vez» que una comisión de investigación lo llamaba, añadiendo que todas las citaciones tuvieron que ver con actuaciones que no corresponden al Gobierno que está ejerciendo el poder hoy en día, lo que suponía una vulneración del propio artículo 66.2, ya que las comisiones de investigación fueron creadas en su día como una de las extensiones de la función parlamentaria que tiene que ver con el control al Gobierno en curso.
«Aquí estamos en una especie de control a posteriori que busca fundamentalmente establecer un relato, un relato de victimización según el cual unas personas, por el hecho de pensar como pensaban, sencillamente han sido perseguidas por un tenebroso aparato policial y que eso habría justificado un golpe de Estado. Esto es un disparate», dijo el diputado.
El diputado también alegó irregularidades por haberse «aprobado un listado de comparecientes sin respetar los propios términos del plan de trabajo» lo que afectó al derecho de participación para el conjunto de los parlamentarios y los grupos políticos.
Supuesta trama parapolicial y espionaje
Durante el interrogatorio al exsecretario Martínez, la diputada y Secretaria general de Podemos, Ione Belarra lo acusó de que probablemente «personalmente encargó a la policía que investigara ilegalmente 121 veces a Pablo Iglesias, 28 búsquedas a Irene Montero, 13 búsquedas a mí misma, a Juantxo López de Uralde le buscaron 693 veces en el dispositivo de la Policía Nacional»,
«¿Quién le dio las órdenes? ¿Quién le dijo que nos investigara ilegalmente?», le preguntó.
El Sr. Martínez respondió que «existe en este momento un proceso judicial abierto precisamente por los hechos a los que usted ha hecho referencia; hechos que, por cierto, niego categóricamente y que, evidentemente, cuando tenga ocasión de hacerlo, también negaré en sede judicial».
«Por una razón muy elemental de protección de mis derechos de defensa, no voy a contestar a ninguna de sus preguntas sobre esta cuestión».
La Sra. Belarra fue acusada de publicar algunos chat personales del Sr. Martínez, presuntamente obtenidos del juzgado, a lo que el exsecretario respondió que esas conversaciones fueron obtenidas en un proceso «en el cual expresamente se prohibió a las partes, incluido ―entre las cuales estaba su formación política».
«Realmente, yo creo que a cualquiera a quien pongan en evidencia ―como me ha sucedido a mí― sus conversaciones personales, evidentemente sin contexto ninguno, eso provoca lógicamente momentos difíciles en lo personal, pero, en todo caso, sí le puedo decir que ese acceso que ustedes han hecho al contenido de mis conversaciones telefónicas es absolutamente ilegal y absolutamente ilegítimo».
En el interrogatorio, el diputado Pagès i Massó se aferró a una declaración que dio el exsecretario Martínez al periódico El Independiente, en marzo de 2023, en que dijo que existía una estrategia en el ámbito de la inteligencia policial o de la información para frenar cualquier amenaza de graves delitos contra el orden constitucional.
El diputado intentó ligar estos dichos a «una operación para deslegitimar el movimiento independentista». Él creía que se hicieron «reuniones», en las que el exsecretario «estaba presente», donde «se podían haber fraguado esta operación o estas actuaciones».
El Sr. Martínez rebatió que cuando «produce o se identifica un riesgo que comprometa principios constitucionales o el orden constitucional y, desde el punto de vista de la seguridad pública, que pueda suponer delito, pues el Estado actúa, o el Gobierno actúa», y lo hacen los distintos ministerios del Gobierno, cada uno dentro de su ámbito de competencias.
Sobre el tema, la diputada Martina Velarde, del Grupo Parlamentario Mixto preguntó al excomisario Martín-Blas, quien fue cesado de su cargo como jefe de la Unidad de Asuntos Internos en 2015, para pasar a otra área, si hubo intromisión de la Policía en cuanto a la actividad de Podemos, y él respondió que no, al menos mientras él era el responsable.
Sin embargo, agregó que, «con el tiempo, me han llegado denuncias y me han llegado documentos que indican que hubo alguna intromisión de la Policía en cuanto a la actividad de Podemos o estaban interesados en lo de Podemos», dijo el excomisario añadiendo que dejaría en la mesa la documentación al respecto.
Durante una de las sesiones, se intentó establecer que las investigaciones que llevaba la policía contra los sospechosos eran un acto de espionaje o ilegales. En medio del interrogatorio es excomisario Martín-Blas indicó, como respaldo de legalidad, que en la documentación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) constaba una referencia legal a la presunta financiación irregular del partido político Convergencia Democrática de Cataluña y enriquecimiento patrimonial de particulares, donde se acusan a tesoreros de Convergencia, todo ello enmarcado en las investigaciones del caso Palau.
Según Pagès Massó, en tales declaraciones por «primera vez quedaba evidenciado que hubo una intervención política en las elecciones de 2012 basadas en unas informaciones falsas sobre los líderes políticos catalanes y, por lo tanto, una intervención clara del Ministerio del Interior con una intención política de alterar unas elecciones».
El diputado se basó en que el excomisario declaró que en la documentación de la UDEF no se mencionaron expresamente en dicho documento a las personas de Artur Mas, Jordi Pujol, Felipe Puig ni familiares de estos ni tampoco que deriven capitales a Suiza, Liechtenstein u otro territorio con la consideración de paraíso fiscal o similar.
Banca Privada de Andorra
Tocando otro de los asuntos que se investigaron en la comisión Operación Cataluña, el diputado de Junts interrogó al exsecretario del gobierno de Rajoy tratando de establecer que alguien estaría detrás del cierre de la Banca Privada de Andorra (BPA), por supuestos casos de blanqueo de capitales.
El exsecretario Martínez respondió que «hay una querella en Andorra acusándonos de ser los culpables de esa intervención de una entidad bancaria ―ya le digo que no lo somos― y, entonces, yo me he molestado en informarme de eso y, precisamente por eso, vi claramente que no hay que ir muy lejos. La UIFAND, que es un organismo que previene el blanqueo de capitales en Andorra y que es el equivalente al SEPBLAC, en su memoria del año 2015 ya habla de la Banca Privada de Andorra, de los supuestos casos de blanqueo y de lo bien que lo habían hecho al descubrir no la Policía española ni el SEPBLAC, sino la UIFAND, esos casos de blanqueo. Por tanto, yo creo que hay muchas preguntas que se deben responder en Andorra», dijo el Sr. Martínez.
«En todo caso, si resulta que estos señores han tenido un banco intervenido por una serie de decisiones y, después, la justicia ha demostrado que esas cuestiones con las que indiciariamente se consideraba que la entidad estaba envuelta en cuestiones de blanqueo y se han archivado los procedimientos porque no había tal cuestión de blanqueo, pues, mire, qué quiere que le diga. En el Estado de Derecho también está vigente el principio de responsabilidad de los poderes públicos, y en España también ―lo dice el artículo 106 de la Constitución―, y estos señores, si consideran que ha sido así, tendrán que pedir que eso se repare, en la medida en que se pueda reparar. Es algo que no tiene nada que ver con el Ministerio del Interior».
Al comparecer el comisario ya jubilado don Eugenio Pino Sánchez, se le intentó relacionar con unas grabaciones sobre la investigación del banco de Andorra, para lo cual también respondió que hay «diligencias hechas en un juzgado de Andorra, donde yo hago las declaraciones», donde los parlamentarios pueden tomar su declaración ahí, que se hizo «ante un órgano judicial que sí es válido».
«Verá usted, que es sorprendentemente en contra de todo lo que ha dicho», añadió el comisario, en respuesta al diputado Pagès i Massó.
Los interrogatorios intentaron probar que las investigaciones que la policía habría realizado contra personas que tenían cuentas en el banco de Andorra eran parapoliciales o ilegales.
El comisario Martín-Blas fue presionado por el diputado Pisarello Prados, sobre el directivo de la Banca Privada de Andorra, Joan Pau Miquel, indicando que en 2017 él afirmó que «fue coaccionado y sometido a chantajes para que proporcionara información sobre dirigentes nacionalistas e independentistas como Artur Mas, Jordi Pujol u Oriol Junqueras».
«Lo que tengo claro es que han hecho un proyecto Barna u Operación Cataluña unas personas y, al mismo tiempo, me han echado la culpa a mí», dijo el excomisario.
Luego, el Sr. Martin-Blas respondió al diputado Gil Lázaro que si la Operación Cataluña se refería a las diligencias que él mismo había hecho, La Operación Cataluña de la que se habla sería algo totalmente legal.
«Esto depende de si en la llamada Operación Cataluña, proyecto Barna o cómo se llame se incluye la visita que yo hice a los fiscales de Barcelona para explicarles los posibles cohechos de los señores Osàcar Escrig y Félix Millet. Si eso se incluye, ahí sí participé. Hasta ahí».
«Lo que yo hice fue perfectamente legal y, además, la información que yo llevé y la conclusión de esa investigación judicial terminó en condenas de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo precisamente contra los tesoreros de Convergència de los que yo fui a informar o facilitar o recordar o llámese cómo se llame a los fiscales. Si eso es perfectamente legal, no tiene nada que ver con la Operación Cataluña, porque es perfectamente legal. Es decir, una cosa es lo legal, que yo lo asumo y lo he asumido siempre. Además, en mi primera comparecencia, cuando fui a Barcelona, le dije: Si eso es la Operación Cataluña, no busquen ustedes más, está aquí, soy yo».
El diputado del Partido Popular, Javier Hernando Fraile, destacó que la comisión que trata la presunta Operación Cataluña y en particular una de las sesiones adicionales, «se convocó sobre la base de un escrito formulado por los grupos en el que se alegaba que se tenía una documentación presentada por el señor Martín-Blas, pero se demostró en Mesa y portavoces que era falso».
«En primer lugar, determinados audios en los que se realizan acusaciones de delitos contra determinadas personas que no conocemos si son ciertos o son falsos; en segundo lugar, desconocemos el origen de esos audios; y, en tercer lugar, desconocemos si esos audios
han sido seleccionados o no y si han sido obtenidos legal o ilegalmente».
Dirigiéndose a la presidenta de la comisión, añadió que «hay algunos de esos audios que pertenecen, al parecer, a una persona que habría presentado una denuncia porque esos audios están en esta comisión sin su consentimiento».
«Señora presidenta, le advierten en el escrito de la denuncia presentada en el Juzgado número 37 de la necesidad de adoptar determinadas acciones cautelares», dijo el diputado.
El diputado Gil Lázaro estuvo de acuerdo.
La operación Cataluña citó al exviceministro venezolano, el 28 de noviembre de 2024, donde también se trató el tema del banco de Andorra. Lea el próximo artículo
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