Análisis
Mientras comienza la 61ª edición del Salón de la Agricultura 2025 en París, Bruselas hace balance de las últimas manifestaciones masivas de agricultores que tuvieron lugar en diciembre de 2024, desde París hasta Varsovia, e incluso a las puertas de sus propias oficinas.
En su nueva «visión» del sector agrícola, la UE propone flexibilizaciones, como la reciprocidad de normativas, pero «al mismo tiempo» sigue promoviendo acuerdos internacionales como el Mercosur y el CETA.
Los agricultores europeos, asfixiados por los elevados costos de la energía y por normativas sociales, ecológicas y administrativas más estrictas que en otros países a miles de kilómetros de distancia, no creen en estas medidas.
Esta estrategia de apaciguamiento parece abordar sus principales reivindicaciones, pero no deja claro cómo se implementarán, mientras la llegada al mercado europeo de nuevos productos agrícolas de otras partes del mundo se acelera.
La nueva visión de la UE para el sector agrícola
El 19 de febrero, la Unión Europea presentó su «visión» para la agricultura, comprometiéndose a limitar la importación de productos que no cumplan con las mismas normas ambientales que las europeas.
La Comisión propone medidas para aliviar el sector, con una hoja de ruta que busca ser «una respuesta contundente al llamado de ayuda» expresado por los agricultores, según destacó el comisario europeo Raffaele Fitto.
Sin embargo, en el documento de unas veinte páginas hay pocas propuestas concretas o cifras detalladas. «La primera misión de esta visión es reducir las tensiones y calmar a los actores involucrados», explica Luc Vernet, del grupo de reflexión Farm Europe, describiendo un contexto «extremadamente sensible», donde «todo el mundo está al límite».
«Es un texto extremadamente prudente. En el contexto geopolítico actual y un año después de las manifestaciones, la Comisión no quiere atarse las manos y prefiere avanzar con cautela», señala.
Mucha comunicación, pocas medidas
Entre las escasas medidas detalladas en el documento, el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, propone volver a abordar la cuestión de la reciprocidad de normativas. Se trata de garantizar que los productos agrícolas importados cumplan con las mismas exigencias ambientales que los europeos, como ocurre con los productos de Brasil, Ucrania, Canadá, Chile o Nueva Zelanda.
Menciona en particular el caso de los pesticidas y promete asegurarse de que los productos más peligrosos, prohibidos en la UE por razones sanitarias y ambientales, «no sean reintroducidos a través de productos importados».
«Obviamente, se puede decir que esto supone una barrera comercial, así lo interpretarán algunos países terceros», afirmó el comisario. «Pero, por otro lado, se trata de productos altamente tóxicos para nuestras abejas y polinizadores», defendió.
Esta medida es especialmente importante para Francia, que lleva más de tres años luchando por ella.
Luchar contra la «competencia desleal de países terceros»
La Comisión Europea también pretende desarrollar un conjunto de herramientas para combatir la «competencia desleal de países terceros», un tema especialmente candente tras la reciente conclusión del acuerdo de libre comercio con los países latinoamericanos del Mercosur, al que los agricultores europeos se oponen firmemente.
Esta declaración se produce en un contexto de crecientes amenazas de aranceles por parte de EE.UU. y China, así como el inicio de una guerra comercial en los mercados internacionales.
Siguiendo la línea de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quien busca revisar varias normativas europeas consideradas demasiado restrictivas, el documento también llama a liberar a los agricultores de «requisitos regulatorios complejos».
El plan prevé además una reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que redistribuiría mejor las ayudas a los agricultores «que más lo necesiten».
Una «reserva» de mil millones de euros en caso de impacto negativo del Mercosur
En enero, la Comisión Europea confirmó que está preparando una «reserva de al menos mil millones de euros» en subvenciones públicas para apoyar a los agricultores en caso de que el acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur tenga un impacto negativo.
El acuerdo con el Mercosur fue cerrado por Ursula von der Leyen en diciembre en Uruguay, pero aún debe ser aprobado por los Estados miembros en el Consejo y ratificado en el Parlamento Europeo. Francia se opone a este acuerdo.
«El objetivo es crear una especie de seguro para nuestros agricultores y zonas rurales. No creemos que sea necesario, debido a las protecciones que hemos incorporado en el acuerdo con el Mercosur», afirmó el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill. Según él, esta reserva se incluiría en el próximo marco financiero plurianual de la UE (2028-2034).
El acuerdo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay facilitaría las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, productos farmacéuticos y vino. A cambio, permitiría una mayor entrada de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos en el mercado europeo.
La Comisión Europea habla de «pequeños volúmenes»: las importaciones de carne de res con aranceles reducidos o eliminados serán de hasta 99.000 toneladas (1,6 % de la producción de la UE), las de pollo 180.000 toneladas (1,4 %), y las de azúcar 190.000 toneladas (1,2 %), en un mercado ya en tensión para los agricultores europeos.
Los agricultores siguen en pie de guerra contra el Mercosur
«Un acuerdo obsoleto, anacrónico e inaceptable»: el 22 de enero, agricultores agrupados bajo las banderas de la FNSEA y los Jóvenes Agricultores (JA) volvieron a manifestarse frente al Parlamento Europeo para exigir la cancelación del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur.
«En un momento en que Donald Trump impone aranceles para proteger su economía y todos los bloques buscan preservar su soberanía, nosotros, los europeos, seguimos con una Comisión empeñada en lo que es un desastre», declaró Patrick Benezit, ganadero y vicepresidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores (FNSEA).
«Confiamos en un despertar de los líderes políticos y los Estados. No podemos seguir permitiendo que esto ocurra, están poniendo en riesgo nuestra soberanía alimentaria. Es un error político y un fallo para el futuro de Europa», añadió.
Francia y Polonia ya han expresado su oposición al acuerdo, pero se necesitarán al menos cuatro países que representen el 35 % de la población europea para bloquearlo. Austria, Países Bajos, Irlanda e Italia han mostrado reservas, mientras que Alemania, España y Portugal apoyan el tratado, ya que favorecería sus propias exportaciones.
«Estamos a favor de la soberanía de nuestras naciones, de la soberanía alimentaria. No vamos a ceder ni un milímetro», declaró Roberto Vannacci, eurodiputado italiano del grupo Patriotas por Europa.
Una acogida tibia
Por el momento, esta «visión» de la Comisión Europea ha sido recibida con frialdad tanto por los sectores ecológicos como por los agrícolas. Aunque las medidas parecen responder a algunas de las demandas de los agricultores, no explican claramente cómo se implementarán ni qué restricciones se aplicarán.
«En el mundo agrícola, la reacción será: ‘Muy bien, hay declaraciones de intención, pero ahora esperamos acciones concretas’», predice Luc Vernet, de Farm Europe.
Esta estrategia de apaciguamiento «no será suficiente, porque estamos en un sector que está perdiendo competitividad rápidamente», insiste.
Artículo publicado originalmente en The Epoch Times Francia con el título «La stratégie d’apaisement de l’Europe sur l’agriculture ne convainc pas»
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