Impacto de la crisis de vivienda en España ¿Qué soluciones se plantean?

La crisis de la vivienda en España no deja de preocupar a la sociedad, al no contar con soluciones inmediatas para los afectados.

Los precios de alquiler subieron un 11,5% en el año 2024 y los precios de venta un 12,3%, un alza que no va acompañada de un mayor poder adquisitivo de los inquilinos o propietarios. 

A modo de comparación, según los datos del INE, en 2022 el alza de precios de alquiler fue de un 2,7%.

Observando más atrás, entre el año 2012 y 2014, los precios bajaron, en 2015 apenas subieron y entre 2016 y 2022 se mantuvieron alzas entre 1,7% y 3,5%.

«España vive una situación dramática, en la que todos los grupos que estamos aquí coincidimos, dijo la diputada popular, María Soledad Cruz-Guzmán, en el Congreso. Hacen falta 600.000 nuevas viviendas y el desfase entre la oferta y la demanda sigue en aumento. El problema de la vivienda ya no deja dormir a los españoles y angustia a los jóvenes, que no pueden comenzar su proyecto de vida».

De acuerdo a datos compartidos por el diputado popular, Daniel Pérez, en el año 2024 había un 20% menos de viviendas disponibles para la compra y un 8,15% más caras.

En cuanto al alquiler, en Madrid ha subido un 20,9% entre el año 2023 y 2024, en Getafe, un 35%; en Usera, un 52%; en Villaverde, un 36%; y en Puente de Vallecas, un 32%, según otras cifras mencionadas en un debate del Congreso.

«Mientras los salarios de los españoles apenas han crecido un 18% en la última década, el precio de vivienda ha crecido un 59,2% desde el año 2014 hasta 2023, y el de los alquileres, un 85,2% en ese mismo periodo», declaró el diputado del Vox,  Ignacio Hoces al analizar la crisis.

Esto ha hecho que en el año 2023, los españoles destinaran alrededor del 43% de su salario bruto íntegro al pago de la renta de alquiler, y que el número los menores de 35 años con una vivienda propia bajara en dos décadas del 70% al 35%, agregó.

«Sánchez fracasa en las políticas de alquiler», declaró el diputado, añadiendo que como consecuencia de la Ley de Vivienda, que está implementando el gobierno, hay 27% menos de viviendas para el alquiler y una subida del precio de un 31%.

«Solo tenemos que abrir hoy la prensa para ver cómo la oferta de alquiler se ha reducido un 9,7% con respecto al año pasado, o en Cataluña, donde tanto presumen de la aplicación de las limitaciones que impone la Ley de Vivienda, la oferta de alquiler se ha reducido un 19%», destacó el diputado del Partido Popular, Juan Andrés Bayón.

Falta de vivienda y temor en la población

En su opinión, el problema es la falta de oferta, y el que se construyeran cero viviendas públicas durante el gobierno de Pedro Sánchez no ha ayudado.

«Él prometió 183.000, después, 250.000, pero lo cierto es que ha construido cero viviendas públicas», dijo el Sr. Bayón, refiriéndose al Sr. Sánchez.

El diputado Ricardo Chamorro Delmo (VOX) concuerda en que no se han construido suficientes viviendas sociales. 

En España existen solo 290.000 viviendas sociales, en las que viven escasamente un millón de habitantes, declaró el Sr. Chamorro, lo cual supone solo un 2,5% del total de viviendas de España, frente al 9,3% de la media europea.

Al considerar el gasto medio en vivienda social en porcentaje del PIB, «España vuelve a situarse en la mitad inferior de las naciones europeas: la media actual en la Unión Europea de los veintisiete es del 1% del PIB, estando nuestro país con un escaso 0,5%», añadió.

A modo de comparación, dijo que al finalizar el régimen anterior, se habían hecho cuatro millones de viviendas sociales en catorce años, desde 1961 a 1975.

Otro problema planteado es la inseguridad que sienten los propietarios ante el fenómeno «okupa», por ocupación forzada de viviendas,  e «inquiokupa», por inquilinos que dejan de pagar el alquiler, lo que los moviliza a no arrendar. La Ley de la Vivienda no ofrece solución en este aspecto.

La diputada popular, Cristina Agüero, dijo en un debate que después de implementarse la ley, la oferta del alquiler en España «cayó en más del 30% a nivel nacional, los precios de alquiler subieron un promedio del 13%, hay mayores problemas de okupación y mayor desprotección del propietario, porque la actual ley protege al okupa y al inquiokupa, y deja desamparados a los pequeños propietarios». 

La ley ofrece a las comunidades autónomas a declarar «zonas tensionadas» para acogerse a una serie de medidas propuestas por el gobierno, incluido un seguro para el arrendador.

En cuánto a las zonas tensionadas, la Sra Agüera dijo que desde su aplicación el resultado ha sido la reducción del mercado de alquiler. 

«Estos datos reflejan un impacto desastroso de la ley de vivienda, que ha expulsado a los pequeños propietarios del mercado del alquiler, ha generado inseguridad jurídica y ha agravado la crisis de la vivienda, que hoy ya es el problema que más preocupa a los ciudadanos de nuestro país».

Oferta del gobierno

El Partido Socialista, a través del diputado Javier Rodríguez, resaltó en un reciente debate su apoyo a la ley de vivienda, sugiriendo que el incremento de los precios del 13% serían causados «por una burbuja inmobiliaria, la falta de mano de obra, la falta de suelo».

Para la diputada Alda Recas, de Sumar,  la ley de vivienda se está demostrando eficaz allí donde se aplica. «Solo hay que ver los municipios de Cataluña donde se está aplicando, en los que, según los datos del Govern, los alquileres han aumentado un 0,1% con respecto al año anterior, mientras que en el resto de Cataluña esa subida ha sido de un 5%».

Uno de los objetivos del Plan de vivienda 2022-2025 es incrementar la oferta de vivienda en alquiler asequible mediante la puesta a disposición de las comunidades autónomas y entidades locales, así como entidades vinculadas o dependientes de ellas. También se busca movilizar el parque de vivienda vacía hacia el alquiler asequible, declaró la diputada socialista Carmen Torralba.

Se trata de un programa, con posibilidad de que el arrendador adquiera un seguro de protección del alquiler y obtenga ayudas para que puedan estar cubiertos ante posibles impagos, añadió.

Para el congresista popular, Pablo González, esta sería una imposición ideológica, sectaria e ineficaz.

Por su parte el senador vasco, Miguel López Torre,  leyó en el Congreso el Programa 13 del Plan Estatal de vivienda que aplica un seguro y fondo de ayuda al arrendador. Al respecto indicó múltiples cláusulas, donde la ayuda es del 5% del valor del arriendo, extensiones de un año, entre otras dificultades, lo que dejaba al arrendador en plena inseguridad de impago.

Gonzalo Bernardos, economista y profesor de la Universidad de Barcelona, declaró durante su intervención en ‘Monopoly Inmobiliario’, citada por El Confidencial, que las medidas gubernamentales han provocado lo que él denomina «pánico inmobiliario» entre los propietarios. Como resultado, muchos han decidido retirar sus inmuebles del alquiler, reduciendo la disponibilidad de viviendas y elevando los precios a niveles récord

Propuestas

Una de las propuestas es mejorar las condiciones de los arrendadores para flexibilizar y ampliar el mercado y con ello conseguir la rebaja de los precios, dijo el diputado del Vox, Santiago Gil, añadiendo que «no son pocos los analistas que afirman que los arrendadores priorizan la seguridad jurídica a la cuantía de las rentasV.

«En vez de regular los precios» (medidas del gobierno), «deberíamos orientarnos a favorecer que esos pequeños propietarios perciban esa seguridad jurídica a la que antes aludía y quieran acceder a ofrecer sus inmuebles en el mercado del alquiler, y también a que se flexibilice la oferta, y con ello aumente su elasticidad y se reduzcan los precios. Así es como podremos conseguir un mercado del alquiler más accesible, abierto y seguro para los oferentes y, por ello, más económico y alcanzable para los demandantes».

Se deben «mejorar las condiciones de los arrendadores para flexibilizar y ampliar el mercado y con ello conseguir la rebaja de los precios». 

«No son pocos los analistas que afirman que los arrendadores priorizan la seguridad jurídica a la cuantía de las rentas», añadió.

Según la diputada popular, María Soledad Cruz-Guzmán, «es necesario rectificar para devolver la tranquilidad a los propietarios que han visto su vivienda okupada, para dotar de seguridad a los promotores e inversores y de confianza a los propietarios». 

Dirigiéndose a lo miembros del gobierno, pidió que «cambien sus amenazas por el diálogo y activen los cambios normativos y legislativos capaces de impulsar, agilizar y dotar de seguridad al sector».

En enero, Pedro Sánchez planteó algunas medidas. Una de ellas es que las viviendas turísticas pasen a tributar como actividad económica, y otra, es la exención fiscal completa para los propietarios que alquilen según el índice de referencia del gobierno.

Además, la Empresa Pública de Vivienda, que nombra el Estado, tendría prioridad en la compra de viviendas y suelos, con carácter supletorio respecto al derecho de las comunidades autónomas.

Otra medida que planteó es rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler asequible, con arriendos indefinidos, así como la transferencia de viviendas y suelo a la nueva Empresa Pública de Vivienda.

“El mercado del alquiler se ha deteriorado notablemente en los últimos años. Las restricciones han llevado a los propietarios a evitar poner sus viviendas en alquiler”, afirmó el economista. Según sus análisis, la escasez de oferta ha generado un fenómeno en el que los inquilinos se resisten a abandonar sus contratos, temiendo no encontrar una alternativa asequible.