La Fiscalía belga decidió ampliar este mes de cinco a ocho los imputados por corrupción activa, blanqueo de capitales y participación en una organización criminal en el Parlamento Europeo en el caso de lobistas de Huawei.
El caso lo dio a conocer la misma fiscalía el 13 de marzo después que unos 100 policías allanaran la sede de Huawei en Bruselas y los domicilios de cerca 21 de sus lobistas en Bélgica y Portugal.
El representante en jefe de Huawei ante las instituciones de la Unión Europea es Tony JinYong, que fue el presidente de Huawei España hasta 2021. El Sr. JinYong también es vicepresidente de Huawei Europa.
La fiscalía belga anunció el 4 de abril que solo tres de los ocho inculpados permanecieron en prisión, pero, a raíz de apelaciones presentadas ante la corte, quedaron detenidos bajo una disposición de brazalete electrónico.
Otros dos inculpados, añadió, fueron puestos en libertad condicional, uno por la decisión de un juez de instrucción, el 14 de marzo de 2025, y el otro, por decisión del Tribunal de Apelaciones, el 3 de abril de 2025.
Las restantes tres personas recientemente imputadas y con órdenes de arresto emitidas los días 20, 27 y 29 de marzo de 2025 permanecen en prisión. Dos están en apelando y la tercera aún se encuentra dentro del plazo para presentar su apelación.
La fiscalía aclaró que las órdenes de detención emitidas por un juez de instrucción en Bélgica, tienen una validez de cinco días, período en que las personas comparecen ante la sala del consejo, y se decide si continúa o no su detención. Las prórrogas pueden ser bajo la condición de un brazalete electrónico.
«En interés de la investigación en curso, no se puede facilitar más información», añadió la fiscalía.
El 13 de marzo, además del allanamiento, el juez ordenó precintar las oficinas de dos asistentes europarlamentarios en Bruselas.
El 14 de marzo, el Parlamento decidió, como medida de precaución, suspender con efecto inmediato el acceso al Parlamento de los representantes de la empresa Huawei», dijo una portavoz de la Eurocámara a la agencia EFE.
El 18 de marzo, las autoridades belgas confirmaron que, sobre la misma investigación, llevaron a cabo allanamientos en las oficinas del Parlamento Europeo en Bruselas. Cuatro personas fueron puestas bajo orden de arresto y una quinta persona, acusada de blanqueo de capitales fue puesta en libertad condicional.
«La presunta corrupción habría tenido lugar en beneficio de la empresa HUAWEI», comunicó la Fiscalía Federal, manteniendo la información inicial de que «en este momento no se puede divulgar más información, en particular los datos personales y/o cualquier otro elemento que permita identificar a las personas implicadas, respetando la presunción de inocencia de las personas afectadas y la propia investigación».
Se cree que Huawei está intentando presionar al Parlamento Europeo y la Comisión Europea para tener mayor participación en el mercado de la región.
En el año 2020, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos declaró formalmente a Huawei y ZTE como amenazas de seguridad nacional, entre ellas, por estar bajo la dirección del Partido Comunista Chino (PCCh). Por ley, en China todas las empresas chinas tienen la obligación de entregar toda la información a su disposición al PCCh si este la requiere, incluidos los datos de sus clientes.
En 2015, el Parlamento chino aprobó por unanimidad una polémica ley antiterrorista que obliga a las compañías a facilitar de manera inmediata cualquier información que las autoridades consideren «sensible» sobre sus usuarios, informó Reuters. Asimismo, establece que toda empresa que desee operar en el país deberá incorporar «puertas traseras» en sus servicios o aplicaciones, permitiendo al régimen chino acceder a los datos cuando lo estime necesario.
En junio de 2023, la Comisión Europea dijo que sería importante «reducir las dependencias y vulnerabilidades críticas» en sus relaciones con China, así como los riesgos que supone, y señaló específicamente, que las empresas chinas «Huawei y ZTE plantean efectivamente riesgos sustancialmente mayores que otros proveedores de 5G», al referirse a una «seria preocupación» para la seguridad de la Unión Europea.
Suecia, Dinamarca, Estonia, Lituania, Letonia y el Reino Unido ya han prohibido a Huawei en sus redes 5G. Lo mismo ocurre en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos. En cambio, la gran compañía China mantiene su presencia en España, y en la actualidad, el Centro Criptológico Nacional (CCN), un organismo adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), continúa certificando los productos Huawei como seguros.
El caso pudo ser investigado dos años antes
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) pudo haber investigado el caso Huawei en el Parlamento, en 2022, pero lo descartó, informó Politico al entrevistar al director de OLAF, Ville Itälä. Al parecer Transparency Internacional Europa llenó un formulario en línea y lo envió en un correo electrónico como archivo adjunto detallando el posible esquema de corrupción.
El Sr. Itälä, afirmó en la entrevista que no abrió una investigación sobre las presuntas prácticas de lobby de Huawei en el Parlamento Europeo en 2022 porque «necesitábamos algo más concreto para actuar».
Sin embargo, las autoridades belgas sí iniciaron las investigaciones.
Recientemente Marine Le Pen, quien fue objeto de una investigación de la OLAF, ha acusado a la organización de tener sesgo político al abrir investigaciones, según informó Politico.
En el Parlamento Europeo «seguirán permitiendo los lucrativos trabajos secundarios»
Cuando la fiscalía dio a conocer el caso de Huaweigate, Nicholas Aiossa, director de Transparency Internacional UE, declaró que «estas nuevas acusaciones son tan graves y generalizadas como el caso Qatargate y constituyen una burla a la democracia en el Parlamento Europeo. Durante demasiado tiempo, los eurodiputados han adoptado una actitud despreocupada en materia ética y siguen viviendo en una cultura de impunidad».
Transparency Internacional informó el 13 de septiembre de 2023 que, en una votación plenaria de esa fecha, los diputados al Parlamento Europeo no implementaron los cambios necesarios en el sistema ético ni pusieron fin a la cultura de impunidad entre los eurodiputados, expuesta en los anteriores escándalos de corrupción.
En esa fecha se tomaron medidas en materia de transparencia en las actividades de lobby, así como una nueva obligación de presentar declaraciones patrimoniales, pero según Transparency, las nuevas normas no abordaron reformas importantes, como la necesidad de sanciones disuasorias ni una supervisión independiente real de la conducta de los diputados.
«Se seguirán permitiendo los lucrativos trabajos secundarios de los eurodiputados con organizaciones inscritas en el registro de grupos de lobby de la UE, lo que aumenta los riesgos percibidos y reales de conflictos de intereses. Lo más sorprendente es que algunos de los cambios votados hoy diluyen las normas vigentes sobre la divulgación de las declaraciones de intereses financieros de los eurodiputados», declaró Transparency.
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