El gobierno de Pedro Sánchez fue cuestionado sobre el alcance de las nuevas normativas que impondrá a la población española bajo el marco del Observatorio de Derechos Digitales presentado por el presidente el 5 de febrero.
Al lanzar el Observatorio de Derechos Digitales, Sánchez anunció nuevas medidas para evitar que «el espacio digital se convierta en el salvaje oeste».
«Entre las iniciativas destaca avanzar en el fin del anonimato en las redes sociales, profundizar en la transparencia algorítmica para ‘hacer de la moderación y el autocontrol un requisito legal’ y garantizar la responsabilidad personal de los directivos de las plataformas ante el impacto de sus contenidos», informó Moncloa al referir el anuncio del presidente.
A continuación, un senador pidió una respuesta escrita del gobierno sobre «¿Cuál será el alcance exacto de la regulación sobre el anonimato en internet y qué excepciones se contemplan?», dado que es uno de los objetivos principales anunciado por el Observatorio es «la lucha contra el anonimato en internet».
El Observatorio de Derechos Digitales hace mención de los Derechos Digitales expuestos en la Carta de Derechos Digitales de España y la Carta de Derechos Digitales Europea.
El documento de derechos digitales plantea permitir un entorno de pseudoanonimato.
Este entorno de pseudoanonimato sería «de acuerdo con las posibilidades técnicas disponibles y la legislación vigente, se permitirá el acceso a los entornos digitales en condiciones de pseudonimidad, siempre y cuando no sea necesaria la identificación personal para el desarrollo de las tareas propias de dicho entorno».
También agrega que el diseño de la pseudonimidad «asegurará la posibilidad de reidentificar a las personas previa resolución judicial en los casos y con las garantías previstas por el ordenamiento jurídico».
De hecho, la carta de derechos digitales enfrenta a la población a numerosas nuevas directrices.
En ella se plantea regular los derechos y libertades en el entorno digital, la identidad en el entorno digital, la protección de datos, pseudonimato, la ciberseguridad, la herencia digital, derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital, protección de las personas menores de edad en el entorno digital, y accesibilidad universal en el entorno digital.
También afirma que regulará la neutralidad de Internet, la libertad de expresión y libertad de información, el derecho a recibir libremente información veraz, el derecho a la participación ciudadana por medios digitales, la educación digital, los derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones públicas, y múltiples otras reglamentaciones en el entorno del trabajo, las empresas y demás.
El senador José Antonio Monago Terraza, del grupo parlamentario popular, electo en Badajoz, manifestó su preocupación por la supervisión que ejercerá el gobierno.
El Observatorio de Derechos Digitales es «un organismo público destinado a supervisar la actividad en redes sociales y otras plataformas digitales», dijo el Sr. Monago Terraza.
Él pidió una respuesta escrita sobre «¿Qué criterios específicos utilizará el Observatorio de Derechos Digitales para supervisar la actividad en redes sociales?»
También planteó otra demanda escrita: «¿Cómo garantizará el Gobierno de España que esta supervisión no afecte a la libertad de expresión de los ciudadanos?»
«¿Existe un marco legal ya definido para las sanciones que podrían aplicarse en caso de incumplimiento por parte de las plataformas digitales?», añadió el senador en otra pregunta.
Según el gobierno, el objetivo del Observatorio de Derechos Digitales es «que prevengamos, que combatamos, que erradiquemos de una vez por todas la manipulación, el mal uso de los entornos digitales, para que testimonios como los que hemos escuchado dejen de ser la norma para que pasen a ser la excepción».
Las nuevas regulaciones de los Derechos Digitales están siendo impulsadas también a nivel de la Comisión Europea.
La carta en España fue lanzada en julio 2021. Una carta europea fue publicada el 26 de enero de 2022. A continuación, el 14 de diciembre de 2022, la Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo, estableció el Programa Político de la Década Digital 2030. También se contempla la identificación digital que se proponía implantar desde 2019.
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