El Consejo de Ministros aprobó el 22 de octubre varios decretos para las explotaciones ganaderas y entre ellos dispusieron que no es obligatorio para los titulares contar con un veterinario que dirija la explotación, un plan sanitario integral y un plan de bienestar de los animales.
Sin embargo, las explotaciones que no cuenten con estos tres requisitos «voluntarios» serán consideradas explotaciones de mayor riesgo y estarán sujetas a visitas sanitarias obligatorias por las cuales podrán recibir las órdenes e instrucciones veterinarias de la administración.
«Las explotaciones deberán recibir visitas zoosanitarias por parte de un profesional veterinario con una frecuencia basada en el riesgo que presente la explotación», dijo el 22 de abril el Ministerio de Agricultura en una nota de prensa.
Además, «estas visitas incluirán la supervisión del cumplimiento de los aspectos sanitarios en la explotación, recomendaciones para subsanar deficiencias, reducción del uso de antibióticos y la detección de signos clínicos indicativos de enfermedades».
Los titulares quedan comprometidos a «un alto estatus sanitario de la cabaña ganadera», lo que los obliga a cumplir una serie de requisitos sanitarios que deberán ser evaluados en las visitas zoosanitarias veterinarias.
Los requisitos que tenían carácter obligatorio en el Real Decreto 364/2023, de 16 de mayo -un veterinario que dirija la explotación, un plan sanitario integral y un plan de bienestar- pasan ahora a ser voluntarios tras un acuerdo del Gobierno y las organizaciones agrarias Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos «para flexibilizar la actividad y restar carga burocrática al sector».
En virtud de la normativa, el gobierno dijo que diferenciará las explotaciones que voluntariamente cuenten con un veterinario como explotaciones de menor riesgo sanitario y el resto, de mayor riesgo.
Respecto al plan de bienestar animal dispuesto en el anterior decreto, este pasará a ser voluntario «salvo que la autoridad competente así lo decida en el marco de las actuaciones tras las visitas zoosanitarias».
Para las explotaciones porcinas, avícolas y bovinas también dejará de ser obligatorio tener un veterinario de explotación, un plan sanitario integral y un plan de bienestar animal.
Sin embargo, el titular mantendrá las obligaciones de vigilancia y la mayoría de los aspectos del anterior decreto.
Los aspectos más relevantes del decreto original son las obligaciones del titular de la explotación, el contenido del plan sanitario integral, que incluye medidas de higiene y bioseguridad, el control de parásito internos y externos, el estado sanitario animal, el programa de muestreo sanitario, el plan de vacunación y el plan de uso de medicamento, las visitas zoosanitarias, las funciones del veterinario de explotación y la nueva definición del Sistema Integral de Gestión de la Explotación.
El nuevo Real Decreto se desarrolla bajo la normativa de la Unión Europea (UE) y asigna a los titulares de las explotaciones ganaderas responsabilidades en aspectos como «la bioseguridad, uso prudente y responsable de los medicamentos veterinarios y la prevención y control de enfermedades», dijo el Gobierno.
Responsabilidades del veterinario
Según la organización Producción Animal, «no debemos olvidar la importancia de la figura del veterinario de explotación como garante de la Sanidad y Bienestar animal, y de la Seguridad Alimentaria, por tanto, de la Salud Pública. Prescindir de esta figura va en claro detrimento de estas garantías».
Pese a que se anuló la obligatoriedad, Producción Animal destaca que con la modificación se siguen manteniendo muchas responsabilidades delegadas en la figura del veterinario.
La organización enumeró que será responsabilidad del veterinario de proponer las medidas correctoras en caso de que el titular de la explotación esté dando altas dosis de antimicrobianos a sus animales y tendrá el deber de redactar un Plan Sanitario Integral (PSI) en caso de que sea necesario junto con comprobar su implantación. También es responsable de la elaboración del Plan de bienestar animal, realización de las visitas zoosanitarias e incluso comunicar a la Autoridad Competente en caso de incumplimientos de la normativa en materia de sanidad, higiene, manejo, bienestar animal o uso de antimicrobianos.
Los veterinarios protestan
En marzo miles de veterinarios de diversas partes del país se manifestaron en Madrid, ante la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para protestar contra otra medida que también afecta a los ganaderos, el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.
Los médicos defendieron lo que llamaron el criterio clínico en sus actuaciones, basado en evidencias científicas, informó el Consejo General de Colegios Veterinarios (COLVET).
La concentración responde a la entrada en vigor de la normativa que impone la obligación de comunicar a través de PRESVET (Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos) las recetas de antibióticos.
La Organización Colegial Veterinaria (OCV), alertó sobre los perjuicios que conlleva la aplicación de esta normativa en su redacción actual, argumentando que «limita injustificadamente la capacidad de prescripción de los veterinarios, poniendo en riesgo la salud de los animales y, por tanto, la salud pública».
Los veterinarios colegiados tienen un «compromiso con el uso racional y sostenible de los medicamentos, especialmente los antibióticos, y con la lucha contra las resistencias antimicrobianas».
«Las decisiones sobre la salud animal deben tomarse con criterio veterinario y no administrativo», aseguró la OCV.
La Asamblea General de Presidentes veterinarios seguirá reclamando una moratoria en la obligación de notificar a PRESVET las prescripciones de antimicrobianos, así como la derogación del régimen sancionador relacionado con estas notificaciones y su sustitución por un sistema más proporcional y justo.
La convocatoria fue impulsada por la OCV, la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET) y la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE). A ella se sumaron presidentes de los diferentes colegios veterinarios provinciales y de consejos autonómicos para mostrar su compromiso con la profesión.
Según los organizadores, muchos colegios han apoyado la convocatoria con diversas medidas, como el traslado de sus colegiados a Madrid en autobuses.
La OCV también demandó la habilitación legal de los veterinarios para la venta al por menor de los medicamentos necesarios para el tratamiento de los animales bajo su cuidado, en línea con lo establecido en la mayoría de los países de la Unión Europea, así como la modificación del tipo impositivo del IVA aplicable a la prestación de servicios veterinarios.
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