Francia: ¿Cuál es el coste real de la creciente inseguridad para los contribuyentes?

ENTREVISTA – «El nivel de inseguridad se dispara en Francia», se oye por todas partes, como un estribillo angustioso. Pero, ¿quién se pregunta cuál es el coste real de esta inseguridad para la nación? Esta ambigüedad contable la aclara Le prix de l’Insécurité – Enquête sur une défaillance d’État (El coste de la inseguridad: investigación sobre un fallo del Estado, Ediciones Eyrolles), escrito por Christophe Eoche-Duval. ¿Cuánto gasta realmente Francia en seguridad interior, justicia, fuerzas del orden y en la miríada de dispositivos dispersos en los meandros de la administración? Y, sobre todo, ¿con qué resultados? Con una metodología prudente, el alto funcionario se aventura en el peligroso ejercicio de cuantificar. El resultado: una suma vertiginosa, opaca y mal controlada. Pero más que una simple auditoría, este libro pretende ser también una llamada de atención a la ciudadanía. Basándose en los principios fundacionales de 1789, el autor aboga por reformas sencillas y poco costosas, destinadas a restablecer la seguridad como un derecho fundamental y a devolver al Estado su papel de garante responsable, en lugar del de testigo impotente.

P: Epoch Times: «En nuestra sociedad dominada por el dinero, es revelador constatar que el coste económico de la lucha contra la inseguridad está tan poco estudiado, tan poco debatido y aún menos comunicado», escribe usted. ¿Cómo se explica este vacío en el debate público?

Christophe Éoche-Duval: Para mí, este tema es sorprendente. Temía que se tratara de un tema manido, pero descubrí un terreno virgen. Solo unos pocos investigadores, a los que rindo homenaje, se habían aventurado en él, y sus trabajos, aunque valiosos, empiezan a quedar obsoletos. Mi aportación, si se me permite decirlo, es una actualización destinada al gran público, elaborada siguiendo una metodología rigurosa. Porque esta laguna no es insignificante: constituye un error político grave de todas nuestras políticas públicas de seguridad.

Verán, el Estado no se gobierna como una gran empresa responsable. Su sistema contable se asemeja más bien a un pozo de Danaides que llena un ciego.

La «negación de la seguridad» o el «relativismo en materia de seguridad» que sufre nuestro país tiene, en mi opinión, su origen principal en la incapacidad de los responsables públicos para realizar un diagnóstico objetivo, imparcial y científicamente fundamentado de la inseguridad. Sin embargo, esta es la condición necesaria para que todos los franceses tomen conciencia de ello, más allá de las divisiones, y para que el Parlamento, y todos los grupos, se ocupe plenamente de ello.

Pongamos un ejemplo sencillo: cuando participo en la junta general de mi comunidad de propietarios, el administrador está obligado a presentar cuentas sinceras y certificadas. Sin ellas, ¿cómo se puede votar con conocimiento de causa? Sin embargo, nuestra democracia se está empantanando en una tecnocracia desconectada, lo cual es peligroso.

En mi ensayo, formulo varias propuestas sencillas, poco costosas, pero de sentido común: que los presupuestos de las colectividades locales incluyan un anexo «seguridad» que indique claramente su parte de inversión; que la Ley Orgánica de Finanzas (LOLF) imponga a las administraciones del Estado una contabilidad analítica que incluya una partida de «seguridad»; que el Tribunal de Cuentas consolide cada año los gastos de seguridad de la Nación; y, por último, que el Parlamento se ocupe de su certificación política y lo debata democráticamente.

P: Usted estima que el gasto público dedicado a la seguridad interior ascendió a 36 200 millones de euros en 2020. ¿Qué incluye esta cifra y en qué fuentes y metodologías se basa para llegar a este resultado?

En mi ensayo, he limitado deliberadamente mi investigación al año 2020. En el momento de realizar mi trabajo, era el año para el que se disponía de datos más completos y accesibles. No tiene sentido precipitarse a actualizar los datos cada año: las magnitudes siguen siendo, en general, constantes. Por desgracia, también hay otra constante: tienden al alza.

El Estado moviliza prioritariamente los presupuestos para financiar lo que se denomina «seguridad interior». Las Fuerzas Armadas, que dependen de la «seguridad exterior», constituyen otro ámbito, aunque es necesario, con una transparencia a veces digna de la opacidad, reintegrar los esfuerzos que dedican a la lucha contra determinadas formas de delincuencia. Es el caso, en particular, de las operaciones conjuntas de la Armada y las Aduanas contra el tráfico de drogas en el mar.

La seguridad interior es competencia principalmente del Ministerio del Interior, pero también del Ministerio de Justicia. Otros ministerios civiles también disponen de policías administrativas específicas: pensemos, por ejemplo, en la policía medioambiental, dependiente del Ministerio de Ecología.

Para evaluar los gastos, he tenido que sumergirme en los entresijos de las cuentas del Estado y de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LFI por sus siglas en francés) para 2020. Invito al lector a consultar mi investigación para obtener más detalles. Al no disponer de los medios de investigación del Tribunal de Cuentas, mi enfoque es prudente: tiendo a la subestimación, nunca a la sobreestimación. Sin embargo, lo que revelan mis trabajos es una verdadera opacidad en la contabilidad pública.

Así llego a una cifra de 36 200 millones de euros solo para la seguridad interior en 2020. Pero esto es solo una parte de una suma mayor. Teniendo en cuenta los demás estratos del gasto en seguridad, calculo que el coste global se sitúa entre 169 100 y 176 100 millones de euros para ese mismo año, según se adopte una hipótesis baja o alta, cuyo método explico a continuación.

Que una nación dedique entre el 7 % y el 8 % de su PIB a la seguridad no es nada anormal en sí mismo. Lo que sí lo es, en cambio, es que esta realidad no se conozca con rigor ni se debata. Y lo que es aún más grave: que los franceses no tengan la sensación de beneficiarse, a cambio, de un nivel de eficacia acorde con este esfuerzo colosal.

P: Usted recuerda que las denuncias presentadas constituyen uno de los indicadores tangibles de la inseguridad. Entre 2010 y 2020, se registraron entre 4 y 5 millones cada año. Sin embargo, en 2020, casi tres cuartas partes —concretamente, el 74,3 %— fueron archivadas sin más trámite. Incluso entre el 5 % que da lugar a una investigación, muchas se quedan en el limbo judicial tras una breve investigación preliminar. Además, subrayan que estas cifras solo reflejan una parte del fenómeno, ya que la mitad de las víctimas ni siquiera presentan denuncia. Según una encuesta sobre victimización del Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (INSEE), ocho millones de personas fueron víctimas de un delito en 2018. ¿Cómo se explica que un volumen tan elevado de denuncias dé lugar a tan pocos enjuiciamientos efectivos?

Existe una diferencia flagrante entre la realidad y las estadísticas «oficiales». Para ilustrar su alcance concreto, permítanme compartir con sus lectores una anécdota personal reciente que pone de relieve la subestimación estructural de la delincuencia en Francia. Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país, pero Francia se proclama una gran potencia, por lo que sus deficiencias en materia de Estado no pueden servir de excusa para las fallas de su democracia.

Fui víctima de un robo a mano armada. Como recomiendo en mi ensayo, ya que nunca hay que dejar pasar nada, decidí presentar una denuncia. Decido hacerlo por Internet. Para ello, es necesario disponer de conexión a Internet, lo que no es el caso del 15 % de nuestros conciudadanos que se son analfabetos digitales. A continuación, hay que superar la barrera técnica de la autenticación a través de FranceConnect [plataforma estatal para realizar trámites en línea].

Ya se restringe drásticamente el acceso a quienes tienen un cierto nivel de familiaridad con las tecnologías digitales. Superé estos obstáculos y esperé a que la comisaría destinataria me citara para firmar la denuncia, lo cual, por cierto, es paradójico: la denuncia electrónica se supone que ahorra tiempo, tanto a la administración como al ciudadano.

Pasa más de una semana. Recibo un mensaje de voz de un policía que me informa de que, al haber mencionado un ligero dolor en el cuello tras el tirón, mi denuncia no puede tramitarse por Internet: «Lo siento, se trata de un robo con violencia, debe presentarse en persona en la comisaría, dentro del horario de atención al público».

Así que había perdido el tiempo. Tuve que empezar de nuevo. Acudir a la comisaría a las nueve de la mañana, esperar mi turno hasta las 11:30 y sacrificar mi mañana. ¿Cuántos franceses se rinden, desanimados, y no presentan denuncia? Y eso a pesar de saber que este trámite no servirá de nada: no habrá investigación, ni seguimiento, ni cobertura, y a menudo ni siquiera la cobertura del seguro, ya que los robos con tirón ya no se indemnizan sistemáticamente.

¿Cuántos de nuestros compatriotas, incluso sin haber vivido esta experiencia de impotencia, han perdido ya toda confianza en la utilidad de este trámite cívico? La intuición colectiva está ahí: al final de este calvario, su denuncia será archivada sin más en el 73,6 % de los casos de media.

Perdónenme esta anécdota, pero a menudo dice mucho más que las cifras. Estas cifras las expongo en mi ensayo para mostrar cómo el Estado «manipula» sus estadísticas, jugando con una «sensación de inseguridad» que se pretende inferior a la realidad. Sin embargo, la realidad es que uno de cada dos hechos, o incluso más, escapa al radar. ¿Por qué? Porque la víctima, desanimada, guarda silencio.

P: En su obra, cita a Christian Jackowski, director del Instituto de Medicina Legal de Berna, según el cual podría haber tantos delitos no detectados como detectados. En su opinión, ¿qué nos dice esto sobre el nivel real de inseguridad y los límites de su medición?

Dado que en Francia apenas queda mas que el derecho a «votar leyendo», espero que muchos de nuestros conciudadanos descubran mi Enquête sur une défaillance d’État (Investigación sobre un fallo del Estado), que es el subtítulo de mi ensayo. Cuantos más lo lean, más exigirán cuentas a nuestros gobernantes.

La «zona gris» de la delincuencia no es una singularidad francesa. Es bien conocida en muchas democracias. Un médico forense suizo que cito [en el libro] lo demuestra de manera esclarecedora. Pero el hecho de que este fenómeno no sea exclusivamente nacional no nos exime en absoluto de nuestra responsabilidad: una nación desarrollada como Francia debe hacerlo mejor, especialmente en un ámbito aún muy descuidado: la inteligencia judicial.

Todo este aspecto de la política de seguridad pública sigue en fase embrionaria. Merecería por sí solo un futuro ensayo.

El descenso de la tasa de resolución de delitos y faltas, a menudo destacado, se explica por numerosos factores. Pero uno de los elementos centrales, del que se habla muy poco, es precisamente la ausencia de una política estructurada de inteligencia judicial. A esta carencia estructural se suma un preocupante retraso tecnológico. Mientras otros países invierten en inteligencia artificial para cotejar la gran cantidad de datos, nosotros seguimos en la edad de piedra, desde el registro de denuncias hasta la investigación en profundidad.

P: En su libro, menciona una cifra especialmente llamativa: en cinco años, el número de agentes de seguridad privada podría alcanzar los 200 000, acercándose así al total de las fuerzas públicas, que actualmente cuentan con 274 000 policías y gendarmes en activo. ¿Cómo ve este rápido avance del papel cada vez más importante del sector privado en el mantenimiento del orden?

La trayectoria es clara: el número de efectivos de la seguridad privada está alcanzando al de las fuerzas del orden público, nuestros hombres y mujeres de «azul». Como ciudadano, jurista y lector de pensadores como Montesquieu, Tocqueville… pero también de Orwell, esta evolución me inspira una profunda inquietud.

Las asimetrías se hacen visibles. Por ejemplo: un agente de seguridad privada puede registrar una bolsa de la compra a la entrada de un supermercado, mientras que un policía, en la vía pública, tendrá que enfrentarse a una complejidad procedimental mucho más estricta para llevar a cabo un control similar. Es señal de un desequilibrio preocupante.

Este desequilibrio es señal de un fracaso: el del Estado a la hora de garantizar, por sí solo, el contrato social de seguridad. Cada vez son más los agentes económicos, e incluso los simples ciudadanos, que ya no pueden confiar en la «garantía» que debería encarnar el Estado francés. Este Estado que, con razón, nos ha privado del derecho a la autodefensa, distinguiéndonos en ello de los Estados Unidos, se muestra ahora incapaz de asumir plenamente la contrapartida de este monopolio: la protección efectiva.

Este es el grito de alarma cívica que lanzo en mi ensayo: no dejéis que os roben vuestro derecho fundamental a la seguridad.

Este derecho no es accesorio. Figura en segundo lugar en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, bajo el nombre de «derecho a la seguridad»: un sinónimo, en el vocabulario del siglo XVIII, de lo que hoy llamamos seguridad. Sin embargo, nuestra República y nuestros jueces no han sabido jerarquizar estos derechos en el orden de las obligaciones del Estado hacia sus ciudadanos.

Reivindico una reforma de principio: convertir la seguridad en una «obligación de resultado» para el Estado, con consecuencias jurídicas concretas. En caso de incumplimiento grave, el Estado debería ser sancionado económicamente, en beneficio de las víctimas. Porque el derecho a vivir sano y salvo no es una abstracción. Casi nueve de cada diez homicidios revelan un fallo del Estado.

Mis pensamientos están con Monique una antigua enfermera de 73 años que fue brutalmente golpeada hasta la muerte el 26 de marzo de 2025. ¿Su asesino? Un reincidente con 24 condenas —por robo, violencia y agresión sexual— que quedó en libertad en diciembre de 2024. No se trata de una tragedia inevitable. Es culpa del Estado, que sigue siendo impune.

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las de Epoch Times.

Artículo publicado originalmente en The Epoch Times Francia con el título «Insécurité, l’addition salée : l’enquête sur une « défaillance d’État » de Christophe Éoche-Duval»

Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times