La Fiscalía Europea emitió un decreto en el que asume la investigación del caso Fundación Respuesta Social Siglo XXI tras determinar que presuntamente se benefició de fondos comunitarios.
El documento, al que tuvo acceso Canarias7, indica que, además de la propia fundación, serán investigados María de los Ángeles Barroso, Fernando Pérez, Enrique Manuel Dévora y Natalia Levy, quienes ocuparon puestos de responsabilidad en dicha entidad.
La Fundación Respuesta Social Siglo XXI y las cuatro personas están acusadas de derivar para gastos personales parte del dinero que recibieron para atender a menores migrantes no acompañados de parte del Gobierno de Canarias en la anterior legislatura.
La Fiscalía señaló que, según la querella admitida a trámite, la fundación investigada cobró del Gobierno de Canarias 12.505.878 euros por los servicios prestados en los años 2020, 2021 y 2022, para atender a menores migrantes no acompañados en los centros Guiniguada, Demena Puerto Rico y Acorán, de Gran Canaria, y La Santa, de Lanzarote.
«El análisis de las cuentas bancarias y la ausencia de justificación-liquidación del gasto dibujan un escenario altamente irregular, opaco y de descontrol en la justificación del dinero público que fue aprovechado por los querellados en obtener un ilícito personal económico a costa del dinero público subvencionado», dijo la fiscalía, según Canarias7.
También mencionó «una profusión de operaciones bancarias de extracciones en efectivo, así como el desvío de flujos monetarios a cuentas personales o de familiares de los directores de los centros, y el desarrollo de compras de productos o servicios para uso y disfrute personal que son financiadas con fondos públicos».
La Fiscalía Europea asumió el caso después de que, el 30 de agosto, el juez Francisco Javier García García-Sotoca, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital, notificara que se inhibía en su favor.
El juez señaló en su escrito que la Intervención General de la Comunidad Autónoma le remitió un escrito en el que hizo constar que 1,9 millones de euros abonados a la fundación investigada fueron imputados a «créditos derivados del instrumento europeo de recuperación Next Generation».
Next Generation es un fondo europeo destinado a invertir en asistencia sanitaria, educación y pequeñas pymes o jóvenes emprendedores.
El juez García García-Sotoca, dijo que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias informó después que el acogimiento residencial de esos menores migrantes no acompañados debía retirarse del marco de los fondos comunitarios, argumentando por la «complejidad de justificación de estos fondos», e incluso el Ministerio Fiscal le señaló que su criterio era que mantuviese la instrucción del caso y no se inhibiera en favor de la Fiscalía Europea.
Sin embargo, García García-Sotoca mencionó en su escrito un precedente similar en el caso Mascarillas, en que inicialmente el dinero que recibió la empresa RR7 se cubrió con fondos europeos, pero al final se sacó de ese marco en el expediente. Pese a ello, la Fiscalía Europea se avocó a su competencia.
Los abogados de los investigados pidieron al juez que siga llevando la investigación, «dado que los gastos son atribuibles a los presupuestos (…) de la Comunidad Autónoma de Canarias».
La causa tiene su origen en la querella interpuesta en mayo de 2023 por el fiscal Anticorrupción en Las Palmas, Javier Ródenas.
La Policía Judicial informó por escrito que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, dirigida por aquel entonces por Noemí Santana, actual diputada nacional de Podemos, que habría pagado 958.913 euros de más a la Fundación por el alquiler de dos de los centros que gestionó entre el 1 de junio de 2021 al 30 de mayo de 2023.
El fiscal anticorrupción apuntó entonces que los investigados habrían utilizado «en beneficio propio» parte de los fondos públicos destinados al cuidado de menores migrantes no acompañados.
Según el Confidencial, la ONG demandada recibió una financiación de 15,2 millones de euros procedente de fondos públicos, y casi dos millones procedían de los fondos Next Generation.
La Fundación manejaba el centro de acogida Acorán, que fue previamente investigado por la Fiscalía de Menores, informó Radio Las Palmas, indicando que la ONG también administraba otros nueve centros, y no todos están incluidos en la investigación tramitada a la Fiscalía Europea.
La ONG informaba a la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, que pagaba 35.000 euros mensuales de arriendo por el centro Acorán, una cifra que la Fiscalía de Menores describió en su informe como «totalmente desproporcionada», según Radio Las Palmas
La Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas, según la radioemisora, no señaló responsabilidad penal a ningún cargo de la Consejería de Derechos Sociales de la comunidad autónoma, pero sí pidió una auditoría contable de los Centros que administra esa entidad.
En su página Web, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI dice que se constituyó en Madrid en el año 2001, «en el ámbito de la infancia y la juventud, desarrollando programas que van desde la atención educativa y residencial a menores hasta la gestión de Escuelas Infantiles, pasando por la puesta en marcha de programas de formación y promoción de empleo para jóvenes».
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