El Ejecutivo catalán ha acordado con los Comuns poder multar con hasta 900.000 euros a los propietarios que alquilen su piso por un montante más de un 30 por ciento superior al fijado por el Índice de Precios de Referencia o a los que sorteen la contención de las rentas con el uso fraudulento del alquiler de temporada.
Así lo han anunciado la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, Jéssica Albiach, y la diputada Susanna Segovia en una rueda de prensa desde la Consejería de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, tras cerrar minutos antes este acuerdo con la titular de este departamento, Sílvia Paneque.
El ejecutivo y los Comuns han pactado un «régimen sancionador robusto» que contempla tres nuevas sanciones «muy graves», es decir, con multas de entre 90.001 y 900.000 euros.
Los supuestos son fijar un precio del alquiler de una determinada vivienda más de un 30 por ciento superior al marcado por el Índice de Precios de Referencia; no hacer constar la finalidad del arrendamiento en el contrato o hacerlo de forma fraudulenta; y cargar los gastos de gestión del contrato al inquilino, en vez de al propietario.
«Era una condición imprescindible que pusimos los Comuns para negociar con el Gobierno de la Generalidad y hoy podemos decir que lo hemos conseguido», ha dicho Albiach, quien ha señalado que esta cuestión ya estaba contemplada en el pacto de investidura por el que este grupo votó a favor de la investidura de Salvador Illa.
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