El juez de la Audiencia Nacional está pidiendo a Francia más información sobre la investigación del programa informático Pegasus.
La Audiencia Nacional mantiene una investigación abierta sobre una presunta infección del spyware en los móviles del presidente Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente.
Se cree que el software aprovecha varias vulnerabilidades de los dispositivos electrónicos para introducirse y leer, rastrear, recopilar, datos, llamadas, contraseñas, incluso en aplicaciones como iMessage, Gmail, Facebook, WhatsApp, y Telegram entre otros.
Francia dijo previamente a la Audiencia Nacional que la mercantil Grupo NSO, sociedad de capital de riesgo, con domicilio social en Israel, es quien desarrolló y comercializó el software Pegasus, «en un principio de venta exclusiva a organizaciones estatales con el fin de vigilar a personas sospechosas de terrorismo u otros delitos graves».
En julio pasado, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, había archivado la investigación por el ‘caso Pegasus’ ante la falta de cooperación jurídica de Israel.
Ahora el juez Calama está buscando la información que haya podido otorgar la NSO Group a las autoridades francesas.
Con los datos que cuentan hoy, es «técnicamente imposible afirmar nada sobre la naturaleza de la información a la que hayan podido tener acceso los atacantes».
No hay rastros de la actividad del spyware en los celulares
El juez anunció en febrero que acordó emitir una orden europea de investigación dirigida al vicepresidente de la División Económica y Financiera del Tribunal Judicial de París, encargado de la investigación por la infección con el programa Pegasus, para «un intercambio más amplio de información y así conocer el contenido que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el control interno de dicho software, así como un detalle más amplio sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI)».
El magistrado también emitió una nueva comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Israel para contar con una información solicitada a NSO Group, y la declaración testifical de su CEO, «con el fin de poder identificar a los autores de los hechos».
El juez indicó que el Centro Criptológico Nacional hizo un análisis del la información facilitada por las autoridades judiciales de Francia hasta la fecha y concluyó que no aportaron información que permita conocer los datos que han podido ser extraídos de los teléfonos infectados.
«El código dañino no deja registros de actividad en el sistema más allá de la cantidad de datos extraída y enviada a sus servidores de mando y control. Es, por tanto, técnicamente imposible afirmar nada sobre la naturaleza de la información a la que hayan podido tener acceso los atacantes», dice el comunicado del Poder Judicial.
«El uso de software de tipo spyware comercial hace prácticamente imposible la atribución e identificación del actor de la amenaza causante del ataque por medios técnicos, más allá de la coincidencia de parte de la infraestructura utilizada y el uso de un correo electrónico concreto para atacar los dispositivos objeto de estas actuaciones y los analizados por las autoridades francesas», añade el comunicado.
«Con tales premisas, indica el auto, los informes del CNI concluyen que resulta imposible precisar relación alguna o vinculación de las infiltraciones a los teléfonos móviles objeto de la investigación judicial en Francia con la de los dispositivos móviles objeto de investigación en la presente causa».
El juez Calama espera obtener «un detalle más completo sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI)».
A la vez, acordó enviar a las autoridades judiciales de Francia los informes del Centro Criptológico Nacional-CNI.

Comisión de investigación sobre espionaje con Pegasus
El 28 de febrero de 2024, la presidenta de la Cámara de Diputados, Francesca Lluc Armengol (PSOE), procedió a constituir una Comisión de Investigación sobre el software Pegasus, que luego no properó. La comisión se titulaba «sobre el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad, a través de los malware Pegasus y Candiru a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados».
El socialista Luis Carlos Sahuquillo había sido elegido como presidente de la Comisión y los los señores Enrique Santiago Romero y Fernando de Rosa Torner, como vicepresidente primero y vicepresidente segundo, respectivamente.
Aunque la Comisión Pegasus no prosperó, otra comisión relacionada siguió adelante: la Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados denominada ‘Operación Cataluña’.
Esta comisión indaga sobre el alcance de una supuesta ‘Operación Cataluña’, de parte del gobierno de Mariano Rajoy, pero actualmente también pretende «conocer los contratos, gastos y procedimientos de contratación para el presunto desarrollo y/o compra de un software denominado Pegasus u otras herramientas utilizadas presuntamente para espiar por parte de estamentos oficiales».
La comision de investigacióne ‘Operación Cataluña’ interrogó al expresidente Mariano Rajoy, el 5 de marzo, sobre el software de espionaje Pegasus, y el exmandatario sugirió que a quien deben consultar es a las autoridades actuales.
«Cuando vi lo de la operación Pegasus dije: A mí sobre esto no creo que me pregunten, ¿no?. Sobre esto habrá que preguntar al que hay. Pero, no hay manera de que traigan al que hay para que explique la operación Pegasus, antes quieren acabar conmigo. Mire usted, no sé nada de la operación Pegasus», dijo Rajoy.
«Yo estoy en contra de que haya una comisión de investigación sobre el Pegasus, igual que estoy en contra de que haya una comisión de investigación sobre todo esto. Es decir, esto es un Gobierno, esto es un Estado con unas instituciones, esto es una democracia importante y esto no puede ser un chiste. Por tanto, que sepan que yo, aunque no voto, votaría en contra», agregño Rajoy.
El diputado de Vox, Ignacio Jil, en la misma sesión, destacó que la Comisión de Investigación Pegasus, que debía formarse en el año 2024, no prosperó. «Alguien debió caer en la cuenta de que mantener sustantiva esa Comisión Pegasus suponía para sus promotores un despropósito, puesto que el supuesto espiador era el actual Gobierno y los supuestos espiados eran sus socios separatistas», sugirió el diputado.
Según el Sr. Gil, el que hayan integrado posteriormente el tema de espionaje incorporado ahora en la comisión de la Operación Cataluña, no tendría el soporte en decisiones del Pleno de la Cámara.
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