El 6 de diciembre de 2024, la Unión Europea (UE) anunció que había alcanzado un acuerdo con los países del Mercosur, en el marco del tratado comercial UE-Mercosur, un mercado de 780 millones de personas. Tras más de dos décadas de negociaciones, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el acuerdo como «bueno para todos». Sin embargo, ¿realmente es así? ¿Quiénes serán los principales beneficiados y qué sectores podrían verse perjudicados? Además, ¿se garantizará un proceso democrático y legal para su ratificación?
Un largo camino de negociaciones
Las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur comenzaron el 28 de junio de 1999. Tras una suspensión, se retomaron en 2010 y ganaron nuevo impulso en 2016. Finalmente, en 2019 se alcanzó un acuerdo, aunque no fue hasta diciembre de 2024 cuando se concretó el acuerdo político, que deberá ser ratificado en julio de 2025.
«Se trata de un acuerdo beneficioso para ambas partes, que aportará importantes beneficios a los consumidores y a las empresas. Nos centramos en la equidad y el beneficio mutuo. Hemos escuchado las preocupaciones de nuestros agricultores y hemos actuado en consecuencia. Este acuerdo incluye sólidas salvaguardias para proteger sus medios de vida», afirmó Von de Leyen.
Y añadió que este es «el mayor acuerdo jamás celebrado en materia de protección de los productos alimenticios y bebidas de la UE». Destacó que más de 350 productos de la UE estarán ahora protegidos por una indicación geográfica y aseguró que la normas europeas de salud y alimentación «siguen siendo intocables».
«Los exportadores del Mercosur tendrán que cumplir estrictamente estas normas para acceder al mercado de la UE. Esta es la realidad de un acuerdo que ahorrará a las empresas de la UE 4.000 millones de euros en derechos de exportación al año», añadió.
Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, era el único bloque comercial de Iberoamérica sin un acuerdo preferencial con la UE. No obstante, la Unión es su segundo mayor socio comercial, después de China y por delante de Estados Unidos.
El tratado tiene como objetivos: eliminar barreras comerciales; facilitar la venta de bienes y servicios europeos, así como inversiones en Mercosur y promover compromisos en cambio climático, desarrollo sostenible y derechos laborales.
Las industrias europeas que más se beneficiarán incluyen los sectores automovilístico, tecnológico, textil y de bebidas. Por su parte, Mercosur obtendrá reducciones arancelarias en productos agrícolas y materias primas, como carne de vacuno, aves, azúcar y bioetanol.
El nuevo texto revisado incluye un mayor compromiso con la sostenibilidad, de manera que introduce la obligatoriedad de cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, como «elemento esencial».
Críticas y preocupaciones
El acuerdo ha generado una fuerte oposición en varios sectores europeos, especialmente en el ámbito agrícola y ambiental, donde se alerta sobre el impacto ambiental del Mercosur y las desventajas del acuerdo UE-Mercosur en términos de competencia desleal y sostenibilidad.
Varios países europeos ya han mostrado su oposición al acuerdo, como Francia y Polonia. Varios otros, como Irlanda, Países Bajos, Bélgica y más recientemente Italia, también han expresado importantes preocupaciones. Entre las principales preocupaciones se encuentran:
Competencia desleal para el sector agrícola europeo
Organizaciones agrarias denuncian que los productos de Mercosur no cumplen las estrictas regulaciones que sí afectan a los productores europeos. Además, en Mercosur se usan casi 160 sustancias fitosanitarias prohibidas en la UE, lo que, según los críticos, generará una competencia injusta.
Un reciente informe de Greenpeace Alemania sobre limas brasileñas vendidas en la UE encontró residuos de seis ingredientes activos prohibidos en la Europa.Un laboratorio acreditado y certificado analizó más de 50 muestras de limas compradas en supermercados y mercados mayoristas de Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Suecia y encontró residuos de pesticidas en todas las muestras menos en una.
Los pesticidas, entre ellos el herbicida glifosato y los insecticidas imidacloprid y cipermetrina, son vendidos por empresas europeas en Brasil, uno de los principales usuarios de pesticidas del mundo. Estas empresas se verían beneficiadas por la eliminación de aranceles que el tratado propone sobre las exportaciones de pesticidas de la UE a Mercosur, explica la organización ecologista.
Marina Lacorte, responsable de la campaña de alimentación y agricultura de Greenpeace Brasil, afirmó: «Los pesticidas ya están envenenando a miles de personas cada año en Brasil y matando a millones de abejas, por nombrar solo dos de las muchas consecuencias. Entonces, ¿quién se beneficiará del acuerdo UE-Mercosur? Las industrias nocivas, como la industria de los pesticidas, pero ciertamente no los habitantes de Europa o Sudamérica».
Copa- Cogeca, la asociación de agricultores europeos más representativa, califica el acuerdo de desequilibrado, en especial las significativas concesiones en sectores tan sensibles como la carne de vacuno, aves de corral, azúcar, etanol y arroz. La organización europea asegura que el aumento de las importaciones de productos agrícolas del Mercosur, producidos bajo estándares menos estrictos, podría saturar los mercados europeos y poner en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones.
Impacto ambiental
El acuerdo revisado incorpora disposiciones clave sobre sostenibilidad, como el compromiso de frenar la deforestación a partir de 2030, fomentar cadenas de suministro sostenibles y reforzar los compromisos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No obstante, al carecer de mecanismos sancionadores en caso de incumplimiento, estas medidas han sido cuestionadas por diversas ONG medioambientales y sindicatos.
El acuerdo ha generado una división entre los actores involucrados. Por un lado, muchas asociaciones industriales y sectoriales agroalimentarias apoyan el acuerdo que perciben como una oportunidad para ampliar mercados y fortalecer relaciones comerciales. Otras organizaciones ambientales, sindicatos o sectoriales, como ASAJA o Copa Cogeca rechazan el acuerdo ya que consideran que este podría aumentar la deforestación al expandir la agricultura intensiva en Mercosur, perjudicando a las comunidades indígenas y a los agricultores europeos.
Un reciente análisis de Greenpeace asegura que el acuerdo comercial eliminará los aranceles para las exportaciones de plásticos de la UE a Iberoamérica, incluidos los aranceles para los artículos
de plástico cuyo comercio y uso están prohibidos en la UE para proteger el medio ambiente y la salud humana, como los cubiertos de plástico de un solo uso.
Falta de transparencia
Las negociaciones se han llevado a cabo con escaso debate público y a puerta cerrada según denuncian numerosos colectivos. Pero es el proceso de aprobación en el que se ha centrado un análisis jurídico de 2023. De acuerdo con este análisis, elaborado por el profesor Dr. Markus Krajewski y Julian Werner de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nürnberg, la Comisión Europea estaría dando indicios de revisar la base jurídica del acuerdo para separar la parte comercial del mismo del resto de aspectos políticos.
La Comisión Europea recibió el mandato del Consejo para alcanzar un acuerdo político y comercial amplio que debería ser aprobado por unanimidad entre los Estados miembros a través de las vías de su elección, normalmente los parlamentos nacionales. Sin embargo, la adopción por separado del pilar comercial UE-Mercosur solo requeriría una mayoría cualificada.
Esta división es, según el análisis, una desviación del mandato otorgado que infringiría los derechos de los Estados miembros y una vulneración del derecho de la UE.
Impacto en España
Para España, el acuerdo es especialmente relevante, dado su papel como uno de los principales productores agrícolas de Europa. En 2023, el valor de la producción agrícola en España superó los 65.500 millones de euros, consolidando al país como uno de los líderes europeos en el sector. A nivel regional, Andalucía destacó como la comunidad autónoma con el mayor valor de producción agrícola, alcanzando los 15.950 millones de euros. En segunda posición se ubicó Castilla y León, aunque con una cifra notablemente inferior a la de la región líder, según el portal Statista.
España es el tercer país de la UE por valor generado en el sector agrario y el cuarto por volumen de empleo. En 2023 el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector agrario superó los 34.000 millones de euros, en torno al 2,5% del valor añadido generado por la economía española, un porcentaje superior al promedio comunitario, según un estudio de Unicaja. Además, España es líder mundial en superficie y producción de olivar y el primer productor de la UE de frutas y hortalizas.
La agricultura representa un 10% del empleo en algunas regiones, lo que refuerza la preocupación sobre el posible impacto del tratado en la competitividad del sector. La preocupación principal radica en la reciprocidad: mientras se imponen regulaciones estrictas a los productores europeos, los productos importados de Mercosur podrían beneficiarse de condiciones menos exigentes.
«De nada sirve que nos legislen en materia de bienestar animal, emisiones de CO2 o deforestación si luego abrimos la puerta a productos que no cumplen esos mismos requisitos», ha denunciado Félix Barián, presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra. Pedro Barato, presidente de Asaja, ha reclamado que las exigencias sean equivalentes para ambas partes del acuerdo.
«El tratado con Mercosur es perjudicial para la agricultura valenciana por lo mismo que lo son los acuerdos comerciales con Egipto, Sudáfrica o Marruecos: la falta de reciprocidad nos resta competitividad y nos mata lentamente», asegura Cristóbal Aguado Laza, presidente de AVA-ASAJA.
«Dos ejemplos clarividentes: permitirá la entrada de 60.000 toneladas de arroz sin arancel, que son la mitad de lo que producimos en el parque natural de La Albufera; y suprimirá aranceles de los cítricos, cuando Brasil es el primer país productor e industrial de zumo de naranja. ¿Qué creen que ocurrirá con estas importaciones que no tendrán la obligación de cumplir las mismas exigencias que nuestros productos?», añade.
Aguado alerta también de que Mercosur podría hundir los precios de la carne española, agravando la ya delicada situación de los ganaderos españoles.
«¿Por qué esta UE tan ecologista, tan verde, tan a favor de la Ley de Restauración de la Naturaleza, ahora se ven- de por cuatro multinacionales y promueve la destrucción del Amazonas, que es el principal pulmón verde del planeta? Qué incoherencia, qué hipocresía y qué daño para el medioambiente», apunta el representante agrario.
Donaciano Duo, presidente de ASAJA Castilla y León cree que el acuerdo es un «mazazo para el campo de Castilla y León».
«En base a este acuerdo, UE abriría la frontera a carne con condiciones de engorde prohibidas en Europa, o productos tratados con fitosanitarios aquí no permitidos», afirma y añade que el campo español no se opone al comercio internacional, «pero exigimos unas reglas claras con exigencias recíprocas».
Preguntas sin respuesta
El futuro del acuerdo aún es incierto. ¿Podrá la Comisión Europea sortear el veto de países como Francia y Polonia? ¿Se modificarán las condiciones para garantizar una mayor reciprocidad y evitar el perjuicio a los agricultores europeos? ¿Influirá en el tratado una posible salida de Argentina del Mercosur, como ha sugerido el presidente Javier Milei?
El acuerdo UE-Mercosur sigue siendo motivo de intenso debate, con defensores que destacan sus beneficios económicos y detractores que alertan de sus implicaciones sociales y medioambientales. La ratificación en julio será clave para definir su destino.
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