Un grupo de diputados pidió esta semana al gobierno de España una respuesta escrita sobre la situación migratoria de unos detenidos por participar en una red que entrenaba y adoctrinaba a nuevos miembros del terrorismo yihadista, y sobre las medidas de seguridad que pretende adoptar.
Los diputados expusieron el lunes 17 de febrero el caso de tres detenidos el 20 de enero en Pontevedra, diciendo que uno es un español de origen brasileño, otro es un español de origen marroquí y el tercero un marroquí.
Con relación a las detenciones informaron que «entre el material difundido por estas personas se incluían consignas yihadistas y «cantos religiosos musulmanes con fuerte poder adoctrinador en el ideario yihadista extremista».
Ellos «también empleaban y difundían material multimedia oficial del DAESH y transmitían mensajes de la red oficial del autodenominado Estado Islámico», agregaron los diputados del grupo del Vox dirigidos por Francisco Javier Ortega Smith Molina.
Los congresistas pidieron que el gobierno informe si el detenido marroquí se encontraba de forma ilegal en España y cómo y en qué fecha ingresó al país.
Además, solicitaron saber los antecedentes penales que se tenían de los detenidos en el momento de conocerse los hechos delictivos o si existía alguna orden de expulsión y si la había, por qué no se había ejecutado.
«¿Los detenidos se encontraban bajo la tutela de alguna institución dependiente del Estado?», fue otra de sus preguntas.
Argumentando sobre «la inseguridad» que se vive en los barrios españoles, concluyeron consultando si el Gobierno piensa adoptar alguna «medida efectiva para garantizar la seguridad nacional, en especial en Pontevedra».
El 3 de febrero, el Ministerio del Interior comunicó sobre tres sospechosos detenidos en una operación en Toledo, por pertenecer a una célula de adoctrinamiento yihadista, y otros cuatro sospechosos detenidos en Madrid y Pontevedra. A dos de ellos se les decretó el ingreso en prisión provisional.
Sobre el caso de Toledo, se actuó en una operación conjunta entre la Guardia Civil y la DGST (Direction Générale de la Surveillance du Territoire), bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción nº 2 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Uno de los detenidos «ocupaba una posición de una notable ascendencia y accesibilidad sobre su entorno físico para diseminar la ideología yihadista, que posteriormente era replicada en el ámbito virtual por sus más estrechos prosélitos, entre los cuales había un menor de edad, también detenido en el marco de la misma operación», dice el comunicado.
También relata que los sospechosos de esta localidad contaban con una multitud de perfiles de redes sociales en diferentes plataformas, en la que realizaban una intensa actividad destinada a la difusión masiva de contenido yihadista.
«La peligrosidad de los detenidos ha quedado acreditada a la vista del material multimedia que acumulaban sobre organizaciones terroristas yihadistas, especialmente DAESH, con gran interés en la ejecución de ataques suicidas protagonizadas por terroristas en zonas de conflicto», dice el comunicado.
En Pontevedra y Madrid, en el marco de operaciones paralelas, los detenidos también desarrollaban una intensa actividad en redes sociales, incluso contando con decenas de miles de seguidores.
«Tras la apariencia de videos y publicaciones sobre el entrenamiento físico, en modalidades como la calistenia o la defensa personal, camuflaban consignas y nasheeds con un fuerte poder adoctrinador en el ideario yihadista, al ser empleado material multimedia oficial de la organización terrorista DAESH para esos fines», dijo el Ministerio del Interior.
En estas dos operaciones, la Guardia Civil contó con la colaboración de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, EUROPOL.
El Ministerio del Interior afirmó que las siete detenciones se realizaron «con la finalidad de poner fin a las diferentes tipologías de radicalización detectadas, esclarecer el rol de todos los implicados en el proceso y prevenir la posibilidad de que hubiese más víctimas de este fenómeno. Sobre dos de los investigados se ha decretado el ingreso en prisión provisional».
En el presente año, el Ministerio emitió otros dos comunicados sobre terrorismo yihadista en el territorio nacional en el presente año, uno de ellos, por adoctrinamiento, en Melilla.
El segundo, publicado el 21 de enero, anuncia que han detenido a dos hombres por terrorismo yihadista en dos operaciones diferentes.
La primera detención ocurrió en Valencia, y se trató de «un caso de un profundo proceso de radicalización a través de internet con propaganda del Daesh».
El segundo es un detenido en Ceuta y expulsado de España. Al respecto dijo que era «un foreign terrorist fighter» que viajó a Siria en 2016 y volvió e intentó acceder a territorio nacional de manera irregular».
En el año 2024, la mayoría de las detenciones se realizaron en Barcelona y Melilla.
En abril de 2024, el Gobierno de Sánchez respondió a una consulta emitida por los diputados del Vox, sobre las medidas contra el terrorismo que se estaban implementando, e indicó que el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el 19 de marzo de 2024 la Estrategia Nacional contra el Terrorismo (ENCOT-2023), «la cual constituye el marco político estratégico en la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento».
El Ministerio del Interior, a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), era responsable de coordinar su elaboración.
La finalidad de la estrategia «es neutralizar» la amenaza terrorista «reduciendo la vulnerabilidad de la sociedad y haciendo frente a los procesos de radicalización que conducen al extremismo violento y al terrorismo, siendo uno de sus objetivos principales prevenir evitando la captación, adoctrinamiento y reclutamiento de terroristas y de extremistas violentos», respondió entonces el Gobierno.
En su estrategia, enfocada a evitar el adoctrinamiento y la radicalización violenta, mencionó el Plan Estratégico Nacional de Prevención y Lucha contra la Radicalización Violenta (PENCRAV) además del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista (PPPyRA) entre otros.
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