El Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo, presentó el 25 de marzo el informe anual de la institución encargada de
defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos.
«Los ciudadanos reclaman una Administración más ágil y eficaz», dijo en su intervención ante los medios de comunicación en la presentación del Informe anual 2024 en el Congreso de los Diputados.
«A través de los escritos, de las quejas que nos hacen llegar, se identifican las dificultades que han de afrontar y que tienen que ver con condiciones de vida difíciles».
«Merecen singular consideración la preocupación social, por distintas razones, por los problemas relativos a la vivienda y su repercusión, sobre todo, en jóvenes y sectores vulnerables; medio ambiente; asuntos relativos a menores -niños, niñas y adolescentes- y a su educación; migración, la insuficiente atención sanitaria, etc», dijo Gabilondo.
La institución lamentó que algunos problemas persistan a lo largo de los años, como las dilaciones judiciales, el problema de homologación de títulos de extranjeros o las listas de espera en sanidad.
Entre las observaciones a los datos entregados junto al documento, se revela una gran disminución de expedientes respecto al año anterior, en particular en materia de solicitudes de recursos de inconstitucionalidad o recursos de amparo.
Las estadísticas del informe de 2024 revelan que la institución del Defensor del Pueblo tramitó un total 34.629 expedientes, lo que significa unos 1000 menos que el año anterior, con una cifra de 35.603.
Entre ellos, se registraron 34.402 expedientes de quejas, en su mayoría individuales, 185 actuaciones de oficio y 42 recursos, cifras que en el año 2023 eran 34.900, 288 y 389 respectivamente.
También las atenciones directas al ciudadano disminuyeron a 35.700 (por teléfono o presencial) en comparación al año anterior, de 37.700, aunque se aumentó la atención presencial.
Los expedientes tramitados dieron lugar a la formulación de 2.501 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 1.190 fueron recomendaciones, 843 fueron sugerencias, 464 fueron recordatorios de deberes legales y 4 fueron advertencias.
Las llamadas que el Defensor tramitó con expedientes urgentes fueron en su mayoría casos de Extranjería y Protección Internacional, con 63 casos (de 83), en comparación a solo 2 (de 8) en Economia y Hacienda.
Recursos
Los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional en el año 2024 fueron solo 42 en comparación a los 389 presentados en 2023, de acuerdo a las estadísticas y 35 corresponden a solicitudes de inconstitucionalidad.
El informe cita una decena de casos. El primero se refiere a la ley de anmistía en Cataluña.
«Diversos ciudadanos y entidades se han dirigido al Defensor del Pueblo solicitando que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña».
Entre otros argumentos, los solicitantes dijeron que la Constitución, en su artículo 62i, proscribe los indultos generales.
Tras analizar el caso, la institución concluyó el 4 de septiembre de 2024, «no interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía», citando la previsión contenida en el artículo 162.1.a) de la Constitución española y el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
El Defensor del Pueblo dice que en 2024 recibió además siete peticiones para interposición de recurso de amparo frente a diversas resoluciones judiciales, sin embargo, advirtió que ninguna de ellas cumplía los requisitos del artículo 44 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, que requiere un proceso previo antes de recurrir a esta instancia.
Además, en su opinión, no advertían la concurrencia de una «especial trascendencia constitucional», lo dispuesto en el artículo 50.1.b de la misma ley. «Por ello, en todas ellas se resolvió no interponer el recurso que se interesaba».
Actuaciones de oficio: la situación de menores extranjeros
En el año 2024, se registraron 185 actuaciones de oficio, cerca de 100 menos que el año 2023. Entre algunas iniciativas citadas en el documento, cerca de 10 corresponden a situaciones de extranjeros menores no acompañados, uno de los temas en los que se ha enfocado el Defensor del Pueblo.
Una iniciativa presentada ante el Ministerio de Sanidad, tiene «el objeto de conocer el número de tarjetas sanitarias expedidas a menores extranjeros no acompañados, que se encuentran dados de alta en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (Rmena)».
También pregunta por la existencia de protocolos sanitarios específicos que permitan el seguimiento de las historias clínicas de los menores extranjeros en situación irregular que no cuentan con un documento NIE.
Otra similar, dirigida ante la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, pregunta por las medidas de seguimiento de los menores que hayan estado bajo una medida de protección.
También fue presentada una ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con «el objeto de conocer los datos reales de personas extranjeras que hayan estado dadas de alta en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (Rmena) y hayan ingresado en prisión».
Sobre el mismo tema, se presentó ante el Ministerio de Educación, una iniciativa para conocer el número de títulos de enseñanza primaria, secundaria y de formación profesional expedidos a menores extranjeros no acompañados que se encuentran dados de alta en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), así como la existencia de protocolos específicos que permitan el seguimiento de la efectiva escolarización.
En otro aspecto, el Defensor del Pueblo pidió ante la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, conocer la situación concreta de las sesenta y nueve personas de nacionalidad boliviana, incluidos menores de edad, llegadas a bordo de un buque en el Puerto de Barcelona, y ante la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, preguntó sobre «quince menores de edad, tutelados y residentes en una residencia especializada de adaptación psicosocial en Madrid, que se encuentran ausentes o desaparecidos desde hace tiempo».
En materia de salud una iniciativa especial fue ante las consejerías autonómicas competentes en materia de Sanidad, y ante el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, «sobre la existencia de un número significativo de pacientes en centros hospitalarios de agudos, que continúan hospitalizados en dichos centros a pesar de haberse podido resolver su proceso agudo de enfermedad y estando en condiciones de recibir el alta hospitalaria».
Actuaciones de Prevención
El informe enumera las actuaciones, seguimientos y tramitación especial que realiza el Defensor del Pueblo en los centros penitenciarios, calabozos, comisarías, en los Centros de primera asistencia y detención a ciudadanos extranjeros, así como en los Centros de atención temporal de extranjeros (CATE), bajo su condición de Mecanismo Nacional de Prevención (MNP).
En su visita reciente a la Sala de inadmitidos de las Terminales 1 y 4 satélite de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la institución reclamó insistentemente por la baja temperatura en el aeropuerto. También indicó la falta de teléfonos para los inmigrantes y la necesidad de arreglar los baños.
«Las personas que estaban en el momento de la visita del equipo técnico se quejaban del frío y manifestaban que el mismo era persistente. Además, en las personas a las que se ha denegado la entrada pueden concurrir circunstancias que incrementen su vulnerabilidad dado que puede tratarse de personas de edad avanzada, menores de edad, personas con discapacidad física o psíquica, etc», dice el documento.
Las autoridades policiales del aeropuerto rechazaron la solicitud del cambio de temperatura por no ser de su competencia, asunto que ostenta el gestor aeroportuario e informaron que la policía facilita sus teléfonos si se requiere hacer alguna llamada urgente.
Por su parte el Sr. Gabilondo, dijo a la prensa que el procedimiento de solicitud y la petición de reexamen de los extranjeros implican la permanencia en ese puesto fronterizo durante su tramitación y, cuando el número de personas que inician el procedimiento es elevado, se prolonga la estancia en unas dependencias habilitadas para atender a un número limitado de personas y, en consecuencia, no adecuadamente dotadas para situaciones como la indicada.
Así, esta «grave situación» lleva al Defensor a «urgir a adoptar medidas que aborden el registro y formalización de las solicitudes, las condiciones de acogida, las garantías procedimentales y el acceso a la tutela judicial efectiva de las personas solicitantes de protección internacional».
En cuanto a la privación de libertad de las personas solicitantes de protección internacional, el Defensor dijo que las condiciones de los centros de internamiento de extranjeros son, por lo general, mejores que las de las salas de asilo y de los rechazados de los aeropuertos, ya que estas no están pensadas ni preparadas para privaciones de libertad más allá de algunas horas o, a lo sumo, pocos días.
También pidió corregir la posibilidad de privar de libertad indefinidamente a una persona en un aeropuerto cuando solicita protección internacional y esta no se formaliza por la dificultad temporal de la Administración competente.
El Defensor destacó las «carencias en la limpieza» de las salas en las que están mujeres y niños, así como la falta de luz natural y la falta de teléfonos móviles para llamar al exterior.
El Sr. Gabilondo, designado como Alto Comisionado de las Cortes Generales, encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos españoles mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas, registró el informe anual en las Cortes Generales el 25 de marzo y lo entregó a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
El Informe también sería entregado además al presidente del Senado, Pedro Rollán, en el Palacio del Senado.
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