La Proposición de Ley, que buscaba regular el padrón municipal español para evitar la okupación de domicilios privados, en especial de parte de inmigrantes irregulares, fracasó recientemente en el Congreso, por pocos votos.
El autor, el Grupo Parlamentario VOX, la presentó en enero de 2024, y fue archivada hace tres semanas, después de que el texto fuera rechazado en el Congreso por 169 votos a favor y 174 en contra en la sesión del 18 de febrero .
Antes del debate, que llevó a la votación, se podía leer en la propuesta, que «entre enero y agosto del año 2023 se han producido de media unos 45 casos de ocupación por día, lo que hace un total de 10.974 en este periodo».
Lo que se pretendía era dejar nulos ciertos padrones municipales que impedía a los dueños de las propiedades recuperar sus viviendas, es decir, «establecer que las inscripciones en el padrón municipal realizadas sin justo título o autorización del propietario serán nulas ex tunc, sin que en ningún caso los okupas puedan beneficiarse de los derechos que otorga la condición de vecino», como indica el Congreso en la Orden del día.
«Una de las cuestiones que más polémica ha suscitado, por lo paradójico que resulta, es el hecho de que tanto un okupa como un inmigrante ilegal puedan inscribirse en el padrón municipal como residentes, respectivamente, del inmueble usurpado o de ese municipio, puesto que ningún precepto legal lo impide», dice el texto.
Exposición de Vox
El parlamentario Ignacio Hoces Íñiguez, Ignacio (VOX) expuso en el debate el derecho a la propiedad privada y derecho a la inviolabilidad del domicilio de los españoles y acusó al gobierno de negarse a establecer las normas necesarias para preservarlos.
«España tiene un trágico problema de inmigración ilegal y de okupación, el primero con tremendas consecuencias para los españoles, de inseguridad, importando delincuencia, deterioro de los servicios públicos y atentando también contra nuestra identidad».
«El segundo es un atentado flagrante con derechos tan básicos como el derecho a la propiedad privada y el derecho a la inviolabilidad del domicilio».
Es «extrema tolerancia a la okupación», alegó Hoces Iñiquez, mencionando ciertas organizaciones criminales que se lucran del empadronamiento de ilegales.
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El texto de la proposición agrega que «ambos derechos constitucionales han sido constantemente conculcados, notablemente en la última década».
Más aún, «aquel que comete este acto antijurídico (ocupar un inmueble o permanecer en España ilegalmente) se puede ver recompensado con todos los derechos y beneficios sociales que lleva aparejado el empadronamiento, como son los que contempla el artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local».
Los titulares del inmueble «se ven crecientemente amenazados en un doble sentido: en primer lugar, por los que ocupan inmuebles; en segundo lugar, por el propio legislador, que, ya sea por acción u omisión, no ha asegurado su adecuada protección legal, llegándose incluso a fomentar su vulneración desde unos poderes públicos que han de proteger tanto la propiedad privada como la función social de esta, en cuanto a bases del funcionamiento de un Estado de derecho».
«Ninguna persona es ilegal»
La diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Martina Velarde Gómez, (GMx) inició su debate acusando al presentador de Vox de decir «frase tras frase, párrafo tras párrafo, de inmigración ilegal».
«Esa terminología no existe en el tratamiento jurídico», sostuvo la Sra. Velarde Gómez.
«En todo caso, puede ser una persona que tiene una ocupación en situación irregular o situación excepcional», agregó.
«El término que usted ocupa no existe porque ningún ser humano es ilegal», insistió.
La parlamentaria procedió con otros temas y luego afirmó que el discurso del diputado Hoces Iñiguez había sido «tenebroso» y de «antiinmigración».
Por su parte, el diputado del Grupo Republicano, Jordi Salvador i Duch, alegó que Vox no ofrece una reforma, sino algo «de extrema crueldad», ya que hace suponer que ciertas personas no tendrían derechos. Es en realidad “construir un nuevo delito».
Haciendo mención a las palabras expuestas en el debate, la diputada por el Grupo Socialista, María Guijarro Ceballos (GS) sostuvo que no existen inmigrantes ilegales en España.
«La excusa de hoy son los inmigrantes ilegales y los okupas», dijo la Sra. Guijarro Ceballos.
«Ninguna persona es ilegal y asúmanlo de una vez. Las migraciones y los movimientos de población van ocurriendo como toda la historia de la humanidad».
«En cuanto a la okupación, dejen de alarmar y faltar el respeto a las personas. No existe un problema social con la okupación ilegal de viviendas», agregó.
«La inmensa mayoría de casos se encuentra en los bancos o en grandes grupos inmobiliarios».
Acusando al presentador de la proposición de «cercenar los derechos de los más débiles», la diputada dijo que el gobierno de izquierda «está en el lado correcto de la historia y no va a permitir que se retroceda».
Posición del Grupo Parlamentario Popular
La diputada Sofía Acedo Reyes (GP), que el debate estaba «totalmente alejado de lo que recoge esta proposición» y que lo mismo ocurrió en 2022, cuando también se debatió en la Cámara.
La parlamentaria se quejó del tiempo que ocupó «la extrema izquierda para citar el racismo xenofobia».
La Sra. Acevedo reyes afirmó que las políticas del actual gobierno son «nefastas, en cuanto al control de migración se refieren».
«Están provocando un choque un conflicto sin precedentes entre administraciones y peor aún la amayor preocupación social que ha habido en españa en ese sentido, convirtiendo la inmigracion irregular en unos de los principales problemas percibidos por los españoles».
La diputada también acusó al poder «de usar la inmigración como moneda de cambio para comprar poder», y de »utilizar a los menores como mercancía».
«No les importa gastar miles de millones de Euros para trasladarlos a la península para a los 60 días expulsarlos de los centros, dejarlos en la calle en la más absoluta vulnerabilidad».
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