La Comisión Europea presentó ante el Parlamento Europeo, el borrador de un nuevo reglamento sobre inmigración.
De acuerdo a la propuesta, se establece un sistema común de retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular en la Unión y se derogan la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2001/40/CE del Consejo y la Decisión 2004/191/CE del Consejo.
«Esta propuesta garantiza que las devoluciones se realicen de manera que se respete la dignidad humana, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y de los tratos o penas inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a la vida familiar y privada, incluida la protección de los datos personales, la protección en caso de devolución y expulsión, en particular el principio de no devolución y la protección contra las expulsiones colectivas, la no discriminación y el derecho a un recurso efectivo», dice el texto de la propuesta de la Comisión Europea, compartido por Euractiv.
Según Euractiv, «allana» el camino para que la UE establezca los controvertidos «centros de retorno», o «centros de deportación» específicos, en países de fuera del bloque comunitario, citando las palabras que dijo el Comisario de Asuntos de Interior y Migración del bloque, Magnus Brunner, en una reunión informativa a puerta cerrada en Bruselas.
«Mi objetivo es que los Estados miembros puedan pensar en ideas nuevas e innovadoras, incluidos los centros de retorno», aseguró el 10 de marzo el Sr. Brunner.
La Comisión Europea estaría contemplando tres escenarios de retorno: el país de origen, el país de tránsito o un país con un acuerdo de «centro de retorno» con un Estado miembro de la UE.
La cuestión del retorno es «existencial» agregó Brunner, destacando que «cuatro de cada cinco personas con una decisión de retorno permanecen en la Unión Europea».
«Eso no es aceptable», dijo el comisario. «Nosotros intentamos trasladar a los ciudadanos la sensación de que tienen control sobre lo que ocurre en Europa».
Sin embargo, para la Asociación de Derechos y Fronteras, el reglamento es «un intento que parece estar aún lejos de completarse, incluso por el peculiar procedimiento legislativo que se debería seguir», a la vez que en su opinión el reglamento aún contemplaría «el principio de no devolución».
«El nuevo proyecto de Reglamento sobre repatriaciones no incluye expresamente la introducción de ‘centros de repatriación’ en terceros países, como centros de detención para los solicitantes de asilo cuya solicitud de protección haya sido denegada».
La asociación sugiere que la propuesta de reglamento de la Comisión Europea sobre repatriación tendrá únicamente «la posibilidad de repatriar» a personas «respecto de las cuales se haya dictado una decisión de repatriación a un tercer país con el que exista un acuerdo o un arreglo de repatriación (centro de repatriación)».
Por lo tanto, la posibilidad de «repatriar» a migrantes irregulares a esos países, de los que no son ciudadanos, debe estar sujeta a condiciones específicas para garantizar el respeto de «los derechos fundamentales de las personas afectadas».
Además, «solo se puede celebrar un acuerdo o un convenio con un tercer país en el que se respeten las normas y los principios internacionales en materia de derechos humanos».
Los menores no acompañados y las familias con menores podrían quedar excluidas.
Lo que ve la asociación, es que la directiva de retorno, 2008/115/CE, muy criticada por algunos países por parecer «excesivamente garantista», con el nuevo reglamento, aunque venga derogada, tras seguir todos los procesos, no habría grandes cambios.
Tambien se cree que el texto final tampoco abordaría las controversias de la calificación de países de «origen seguros». Cuando no es considerado país seguro, se limita el retorno de migrantes.
Los legisladores europeos están tratando de imponer un Reglamento que pretenden se aplique inmediatamente en todos los Estados miembros, aunque hay distancias difíciles de superar.
Existe «un complejo procedimiento de codecisión, además del Parlamento, por parte del Consejo de la UE, por mayoría cualificada, de al menos 15 de los 27 Estados miembros, que representen al menos el 65 por ciento de la población de la UE, un consenso muy amplio que aún hoy no parece en absoluto seguro», según la asociación.
El debate en el Parlamento estaba anunciado para el martes 11 de marzo, pero «se trata solo de un debate, las verdaderas decisiones y los puntos de mediación se tomarán en el Consejo de la UE», y se prevé que tenga un proceso de negociación muy largo «y es muy difícil que se aplique inmediatamente antes del próximo verano».
Según Euractiv, con el nuevo reglamento los motivos de detención se ampliarán para abordar el riesgo de fuga, con un posible periodo de detención de hasta 24 meses y las prohibiciones de reentrada, antes limitadas a 5 años, podrían ampliarse ahora a 10 años. Las personas con un perfil «de alto riesgo» se enfrentarían a prohibiciones de hasta 20 años.
Además, prevé que se amplíe el papel de la Agencia de Control de Fronteras de la UE, Frontex, en los retornos, lo que se abordaría en una futura nueva remodelación normativa.
«Estamos trabajando en ello», comentó Brunner.
No queda claro si se revertirá el hecho afirmado por el Sr. Bruner de que «cuatro de cada cinco personas con una decisión de retorno permanecen en la Unión Europea».
Según un revisión de la Unión Europea, en el año 2023, se dio orden de salida a 484.000 migrantes. Esto significa que de ese grupo, 390.000 migrantes irregulares permanecieron.
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