La Conferencia de Consejos Sociales (CCS) de las Universidades Españolas rechazó la propuesta del Gobierno de exigir un mínimo de 4 500 alumnos para mantener el estatus de universidad del borrador del Real Decreto sobre la creación de universidades privadas y propuso al Gobierno trece nuevas medidas.
La Conferencia de Consejos Sociales considera que «debe primar la calidad educativa, medida por evaluaciones objetivas, periódicas y globales realizadas por agencias independientes».
«No se trata únicamente de establecer requisitos de entrada al sistema, sino de garantizar mecanismos eficaces de seguimiento que verifiquen, a lo largo del tiempo, que las universidades mantienen el nivel de calidad exigido. Este principio debe aplicarse con independencia de la naturaleza pública o privada de la institución», dicen sus alegaciones.
Para ello mencionó la necesidad de reforzar a estas agencias que emiten los informes favorables o desfavorables y exigió dotarlas de «más autonomía, recursos y reconocimiento internacional, para que puedan desempeñar su función con garantías y sin interferencias políticas o institucionales».
La Conferencia de Consejos Sociales se refiere a los informes de evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias territoriales que tendrán que ser vinculantes.
También rechazó que las universidades virtuales «deban pasar por un procedimiento distinto a las universidades presenciales que implique la aprobación de las Cortes Generales».
«Todos los centros deben evaluarse con criterios de calidad, con independencia de la modalidad de impartición», señaló la CCS, abogando por una neutralidad en el tratamiento de universidades presenciales y virtuales.
Los Consejos Sociales son los representantes de la sociedad en el gobierno de la Universidad. Ejercen funciones de supervisión y control de las actividades de carácter económico y académico de la Universidad, así como del rendimiento de sus servicios. La Conferencia de Consejos Sociales (CCS) agrupa a los Consejos Sociales de 48 universidades públicas españolas e integra también a un número creciente de universidades privadas, nueve en la actualidad.
La CCS también apuntó a la interpretación del artículo relativo a la naturaleza de los centros universitarios y dijo que «la redacción actual del decreto puede generar dudas sobre si las universidades pueden tener centros adscritos que impartan formación no oficial, como microcredenciales, formación continua o formación profesional de grado superior».
En su opinión, los centros universitarios adscritos o propios que imparten títulos oficiales deberían tener la posibilidad de impartir otros títulos como microcredenciales, formación continua o Formación Profesional y se muestra contraria a la limitación para que las universidades no puedan solicitar más de cinco verificaciones de nuevas titulaciones oficiales de Grado o Máster, ni más de cinco modificaciones sustanciales que impliquen aumento de plazas.
Sobre las funciones esenciales que debería asumir toda universidad, la CCS pidió un consenso en la consideración de «formación, investigación y transferencia», ya que «reducir su papel solo a la docencia compromete su esencia».
Respecto a la diversidad de especialización declaró que la exigencia de ofrecer titulaciones en al menos tres ramas del conocimiento puede dificultar la creación de universidades especializadas, que son clave en el nuevo contexto formativo y profesional, por lo que pidió evitar rigideces normativas.
Otro aspecto aboga porque se exija que las universidades «publiquen de forma clara sus resultados en docencia, investigación y transferencia, y cuenten con sistemas internos que prevengan posibles irregularidades, especialmente en la expedición de títulos».
«Esto aumentaría la confianza ciudadana en el sistema universitario y mejoraría su rendición de cuentas», dijo la CCS.
Las CCS piden además que no se encubran actividades docentes regulares bajo la apariencia de colaboraciones esporádicas y para ello proponen una ‘docencia ocasional’, con límites de frecuencia, duración, retribución y tipo de actividad y una cláusula de incompatibilidad entre la dedicación a tiempo completo en la universidad pública y cualquier actividad docente reglada en la privada.
Respecto a la financiación universitaria, opinó que es «una condición imprescindible» por la que aspira avanzar hacia el 1% del PIB en financiación pública.
La Conferencia de Consejos Sociales (CCS) presentará las 13 medidas al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la reunión convocada para el viernes 11 de abril.
Las medidas propuestas pretenden evitar «rigideces normativas que limiten la innovación o la especialización» y mantener «un equilibrio entre calidad y libertad institucional», dijo la CCS el 9 de abril.
El Real Decreto
El Real Decreto fue impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez tras un acuerdo a principio de abril que autorizó la tramitación administrativa urgente por el que se modifica el anterior decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.
«Todo lo que vaya buscando la calidad estamos de acuerdo (…) Son cosas de muchísimo sentido común (…) Lo que llama la atención es que el Gobierno dejó de hacer un decreto hace cuatro años, un Real Decreto, y una ley hace dos, ahora de pronto se pone a hacer cambios», declaró José Carlos Gómez Villamandos, consejero de la Universidad de Andalucía en una entrevista televisiva.
Según el catedrático Ramón Soriano, «el Gobierno ha recurrido a la comodidad de un real decreto por el trámite de urgencia, que impide un asunto tan relevante como es el derecho a la educación, el debate parlamentario. Al menos, el Gobierno debía haber optado por un decreto ley para permitir un mínimo debate y una votación final en el Congreso de los Diputados».
Los datos compartidos por Debate, sobre el curso 2022-2023, sugieren que la Universidad de Cartagena –con 4 395 alumnos– y la Universidad de La Rioja –con 3 582– no alcanzaría el nivel de alumnado mínimo que ahora el Gobierno exige a las universidades privadas.
En tanto, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dijo que se ha reunido el lunes con el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) para abordar el proyecto de modificación del real decreto de creación y reconocimiento de universidades y la semana pasada se reunió con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
«Seguimos la ronda de contactos sobre el proyecto de modificación del RD de creación y reconocimiento de universidades. Hoy nos hemos reunido con CEUNE, que representa al estudiantado universitario español», dijo el Ministerio en X.
Desde 1988, en España se han reconocido 26 universidades privadas y no se ha creado ni una sola universidad pública.
Incluye información de EFE
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