Las autoridades de las islas Baleares dijeron que están preparando un recurso contra el decreto ley que regula el reparto de inmigrantes menores no acompañados tras informar que sus capacidades para acogerlos se superaron en más de un 1 000 por ciento.
Las autoridades de las islas, dijeron que «recurrirán ante el Tribunal Constitucional el decreto ley que regula el reparto de estos menores migrantes».
Este recurso aún no se ha formalizado, añadió el Gobierno, pero adelantó que la Consejería del Gobierno, la Abogacía de la Comunidad y la Consejería de Familias y Asuntos Sociales ya están trabajando en el recurso de esta normativa, para evitar la acogida de menores de otras comunidades.
La abogacía «ve suficientes elementos para llevarlo a cabo», declaró a continuación.
Hasta el 31 de marzo, las Islas Baleares acogían 573 menores extranjeros no acompañados, según datos proporcionados por las consejerías insulares, competentes en este ámbito, informó el Gobierno de Baleares en un comunicado, citando a lo remitido el 31 de marzo por la Consejeria de Familias y Asuntos Sociales al Gobierno de España.
«Esta cifra supone un 1 023% respecto a las plazas específicas para la acogida de estos niños y jóvenes», destacó el Gobierno.
«La situación es límite, la capacidad de acogida ha llegado a su límite desde hace tiempo. Pero no solo como consecuencia de repartos impuestos por el Gobierno, sino por la llegada continua de pateras», declaró el portavoz del Gobierno, Antoni Costa, según Mallorca Diario.
El Consejo de Ministros de España aprobó el 18 de marzo un Real Decreto-ley por el que, ante situaciones extraordinarias, se permitirá reubicar a los niños y adolescentes inmigrantes no acompañados en las diferentes comunidades o ciudades autónomas del territorio español.
Si todo procede, en el primer año se haría efectivo el traslado de unos 4 000 menores desde Canarias y unos 400 de Ceuta al resto del territorio español.
Esto «supone abrir las puertas ‘a una inmigración ilegal descontrolada por completo’», dijo Vox en un comunicado el 18 de marzo, argumentando que se hará mediante la modificación de la ley de extranjería, lo que «establecerá un mecanismo permanente de redistribución de ‘MENA’ al resto del territorio».
La Comunidad de Madrid ya presentó un recuso de inconstitucionalidad del decreto, dijo la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el 26 de marzo, en una publicación en X.
«Presentamos recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra el Real Decreto que modifica la Ley de Extranjería y el reparto de menores», escribió la Sra. Ayuso, enumerando a continuación los siguientes reclamos:
-Invade competencias exclusivas autonómicas. -Nuestra autonomía financiera. -Debería ir por Ley Orgánica. -Vulnera derechos fundamentales del menor. -Multiplica los problemas de la inmigración ilegal. -Vulnera los principios de lealtad administrativa negociándolo con partidos independentistas. -Falta memoria económica.
La presidenta añadió que en cumplimiento de la ley actual, «ya atendemos a miles de menores».
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