Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han solicitado reuniones con los portavoces de Justicia de los grupos parlamentarios para explicar «las gravísimas consecuencias» de la aprobación de la proposición de ley presentada por el PSOE, que limita la acusación popular.
En un comunicado conjunto, ambas asociaciones de carácter conservador y que representan a cerca de 1.300 jueces en activo de los 5.416 que hay en España, critican que la iniciativa ha sido presentada como proposición de ley, lo que permite eludir los informes de órganos consultivos.
La proposición de ley socialista, registrada el pasado viernes, plantea prohibir ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas a ellos, así como que no se pueda abrir un proceso penal con meros recortes de prensa «sin el menor indicio de irregularidades».
Estas asociaciones judiciales expresan su preocupación por la «instrumentalización» que gobiernos de distintos partidos han hecho de la acusación pública y se muestran contrarios al traspaso de la instrucción de los delitos al Ministerio Fiscal, «dada la falta de independencia del mismo respecto del poder ejecutivo».
Advierten de que «gobiernos de cualquier signo podrían aprovechar la falta de independencia del Ministerio Fiscal y la limitación de la acción popular para crear espacios de impunidad y eludir el control que respecto de su actuación han de llevar a cabo los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial».
Y creen que la imposibilidad de que las asociaciones profesionales de jueces puedan ejercer la acción popular supondría una «injustificada limitación» al papel que estas entidades han de tener en defensa de la independencia judicial y de los derechos profesionales de la carrera.
Argumentan que el actual ordenamiento jurídico ya contiene mecanismos suficientes para sancionar el abuso de derecho en general, y las denuncias falsas y querellas infundadas en particular y señalan que si lo que se pretende es acabar con el estigma social que se genera a las personas investigadas por una instrucción judicial, lo correcto sería dotar a los órganos judiciales de medios adecuados para que los procedimientos se puedan completar en períodos de tiempo razonables.
Al tiempo, consideran que pretender que las manifestaciones públicas hechas por un juez tengan como efecto su limitación en el conocimiento de determinados asuntos, no puede tener más efecto que el de coartar o limitar el derecho fundamental a la libertad de expresión, ya de por sí fuertemente limitado en virtud de la ley.
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