La Audiencia Nacional juzgará este martes a una mujer española de origen peruana, madre de cuatro hijos, acusada de terrorismo yihadista, por presuntos delitos de autoadoctrinamiento y autocapacitación.
Había sido detenida en 2023 en Vitoria en posesión de más de 90 000 imágenes y 2000 vídeos de material yihadista.
La mujer enfrenta una petición por parte de la Fiscalía de cinco años de cárcel, tres de libertad vigilada, nueve de inhabilitación absoluta, además de nueve años de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos.
Conversa al islam, fue detenida en septiembre de 2023 en la capital de la provincia de Álava en el País Vasco, tras una investigación iniciada al detectarse su radicalización por una intensa actividad en redes sociales, donde difundía mensajes de la propaganda del Daesh, según informaron entonces fuentes jurídicas a EFE.
Se encontraba en libertad provisional, pero tras ser detenida se decretó su prisión provisional y se suspendió su patria potestad sobre sus cuatro hijos, los que quedaron bajo custodia de su padre.
«Estaba completamente adoctrinada» y «asumió el decidido compromiso personal de convertirse en una colaboradora al servicio de las acciones terroristas», dijo la Fiscalía en los escritos del caso, según La Razón.
En sus conclusiones provisionales señaló que «la acusada no es una mera usuaria de material yihadista, sino que también llevaba a cabo actos de difusión de este tipo de archivos audiovisuales, contribuyendo a los fines de la organización terrorista Daesh», añadió la agencia EFE.
La fiscalía aclaró que no pudo identificar a terceras personas que se hayan adoctrinado en los postulados terroristas como consecuencia directa de la actuación difusora de la acusada.
La investigación determinó además a que la acusada tenía intención de desplazarse a un territorio controlado por la organización terrorista con la finalidad última de que «sus hijos lleguen a ser muyahidines».
Se comprobó que tenía un contacto fluido con miembros o simpatizantes del Dáesh radicados en terceros países y relacionados con individuos investigados por terrorismo en países europeos.
En su domicilio, la Guardia Civil confiscó dos móviles y halló una gran cantidad de «material de signo inequívocadamente yihadista», con un total de 92 216 imágenes, 2302 vídeos y 1320 audios en español, árabe y ruso.
La investigación de la Fiscalía consideró que la acusada descargó y almacenó material para autocapacitarse y estar en condiciones de «colaborar o intervenir en futuras acciones terroristas» desplazándose a territorio extranjero y que su autoadiestramiento no se limitó a un plano ideológico, sino que trascendió a un autoadiestramiento operativo en acciones yihadistas.
También sugirió que la acusada culminó el proceso de capacitarse y asumió el «decidido compromiso personal de convertirse en una colaboradora al servicio de las acciones terroristas» y de viajar con sus hijos a un territorio controlado por el terrorismo.
La mujer estaba suscrita a 138 canales y grupos de índole yihadista en redes sociales, a través de los cuales recibía y difundía de forma masiva archivos audiovisuales de contenidos yihadistas, elaborados por organizaciones terroristas, que según la Fiscalía constituían «medios de persuasión, instigación y captación de prosélitos de gran eficacia», informó La Razón.
En su poder se encontraron documentos que indicaban que había prestado servicio militar obligatorio en Perú y varios vídeos que dejaban patente su interés en el entrenamiento militar y las acciones bélicas.
Inicialmente, los investigadores y la Fiscalía sospecharon que podía haber incurrido en captación de menores, aunque en su escrito de conclusiones provisionales la Fiscalía apunta que «no ha quedado acreditada la actividad de adoctrinamiento yihadista de la acusada a sus hijos».
En la investigación se contó con un agente encubierto, al que la acusada informó de cómo formar parte de la organización terrorista y de cómo establecer relaciones con más miembros del entramado, según detalla el escrito de la Fiscalía.
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