Las empresas Naturgy, Iberdrola y Endesa proponen mantener activa la Central Nuclear Almaraz, mediante una prórroga del cierre de su primer reactor, previsto para 2027, según la Sociedad Nuclear Española.
La Central de Almaraz consta de dos reactores y está ubicada en el término de Almaraz de Tajo, en Cáceres, en un terreno que se extiende a través de Almaraz, Saucedilla, Serrejón y Romangordo, por 1 683 hectáreas. La central es propiedad de Iberdrola Generación Nuclear, S.A.U. en un 53% y de Endesa Generación, S.A.U en un 36%.
Una extensión, en términos de años más corta, hasta el año 2030, comparada con las habituales de 10 años, simplificaría los trámites administrativos y políticos para su aprobación, declaró el 31 de marzo la Sociedad Nuclear Española, destacando que «la central pasó con éxito su último examen de seguridad, válido hasta 2030, lo que permitiría operar durante la prórroga sin necesidad de una nueva evaluación exhaustiva».
También indicó que el plazo para solicitar la prórroga está próximo a expirar, por lo que las compañías deberán tomar una decisión antes de que finalice la primavera.
Para garantizar la viabilidad de la extensión propuesta, se están evaluando aspectos fiscales y otros detalles operativos.
Francisco Reynés, presidente de Naturgy, empresa que presta apoyo especializado a Almaraz, respaldó durante una reunión de esta semana, prorrogar dos o tres años la actividad de la central de Almaraz y también «replanificar» el futuro de las centrales nucleares.
El Sr. Reynés declaró a EFE, que aunque los permisos técnicos de las centrales nucleares se conceden por diez años, para uno de los reactores, que debería cerrar en 2027, se obtuvo por siete años, y para el otro, que tiene previsto el cierre para 2028, se obtuvo por ocho años.
El presidente de Naturgy ve factible la solución de extender dos y tres años la actividad de los reactores de Almaraz, y durante ese tiempo, estudiar cuál es «el programa razonable» para el futuro de las nucleares.
Según Reynes, en estos momentos hay que asegurar el suministro eléctrico. En segundo lugar, planteó la necesidad de «realizar un nuevo plan para ver cuán factible es llevar a cabo ese cierre nuclear. El objetivo del cierre era eliminar residuos radiactivos». De otra parte, la energía nuclear no emite CO2.
«Hoy, el debate fundamental se produce en torno a Almaraz, porque en este plan 2025-2030, es la única que tiene que cerrar según ese protocolo».
Este martes, el presidente de Endesa, José Bogas, también insistió que «sería un error cerrar las centrales nucleares hoy», informó EFE.
«Habría que posponerlo», dijo Bogas, destacando que una prórroga no es lo mismo que alargar la vida útil de estas instalaciones.
A su vez, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, añadió que es «importante» que se haga un análisis «abierto, claro, transparente y sosegado» sobre el cierre nuclear.
«Si nos arrepentimos, nos va a costar más», sostuvo Ruiz-Tagle.
El 26 de marzo, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura, Mercedes Morán, también sostuvo la idea de prolongar la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz.
«Es indispensable que se amplíe la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz», dijo la Sra. Morán, según la Junta de Extremadura.
«Almaraz es un activo energético indispensable para Extremadura y para España».
Aumento de la dependencia exterior
El Pleno del Congreso de España aprobó el 12 de febrero la Proposición no de ley presentada por el Grupo Popular en el que se insta a ampliar la vida útil y mejorar la seguridad en las centrales nucleares.
«La decisión del gobierno de Sánchez de cerrar los siete reactores en Tarragona, Valencia, Guadalajara y Cáceres, traería consigo un aumento de los precios, un aumento de las emisiones y lo más importante, un aumento de la dependencia exterior», dijo Guillermo Mariscal, diputado popular que se encargó de presentar la propuesta.
El texto aprobado insta al Gobierno a que extienda la vida útil de las siete centrales nucleares existentes en el país, en el marco de la normativa europea, «de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear y los titulares de las instalaciones y atendiendo a criterios técnicos y económicos», dijo el Senado.
La proposición pide que se solicite «informes a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y al operador del sistema eléctrico (REE) en los que se evalúe el impacto económico del cierre nuclear programado, así como las implicaciones para la garantía del suministro, atendiendo a las nuevas previsiones».
También insta a que se adopten medidas aprovechando las oportunidades que brinda el Reglamento UE de Ley sobre Industria Cero Emisiones Netas, que incluye tecnologías de energía nuclear.
A la vez, solicita que se promuevan iniciativas legislativas para la derogación del artículo 10 de la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética y se «revise el 7.º Plan General de Residuos Radiactivos, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 y el Protocolo de cierre de las centrales nucleares aprobado».
El texto aprobado también insta que se traslade todo lo anterior al Comité Especializado para la Seguridad Energética Nacional y añada dichas consideraciones en la propuesta de revisión de la Estrategia de Seguridad Energética nacional atendiendo a dichas consideraciones.
Por su parte, el secretario general de UGT-FICA, Mariano Hoyas, también apeló al Gobierno de España a que considere su decisión de cerrar las centrales nucleares, porque la aportación de esta energía es necesaria para tener una autonomía energética.
«Sin autonomía energética seremos muy dependientes de terceros en momentos de cambio y transformaciones importantes», indicó el dirigente de UGT, que ha asegurado que el objetivo principal es situar en el centro del debate político y social la necesidad de reindustrializar España.
El Sr. Hoyas instó redefinir la estrategia para los próximos 15 ó 20 años, marcada por el proceso de descarbonización, de digitalización o robotización.
La Energía nuclear de España genera el 19,57% de electricidad del país. Esto la posiciona como la segunda fuente de producción en el país, según Foro Nuclear.
Si se considera solo la electricidad sin emisiones de CO2, produce el 25,28%.
Los reactores nucleares operativos son siete: Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo y Vandellós II, los que «lideran en horas equivalentes de funcionamiento a plena potencia, más del 83% de las horas del año», añadió el Foro.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) español, tiene como objetivo lograr el 81% de generación eléctrica renovable para 2030.
Sin embargo, la situación se complica con el cese de la energía nuclear previsto para el período entre 2027 y 2035, especialmente si consideramos que el PNIEC también proyecta un incremento de la demanda eléctrica del 34% para el próximo 2030 en comparación con 2019.
Viabilidad económica de las centrales nucleares
La consultora PwC destacó en su página de Internet, que en el Protocolo entre la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) y los propietarios de las centrales nucleares españolas, por el que se creó la hoja de ruta nacional que se lee en los objetivos recogidos en el PNIEC 2021-2030 y su borrador 2023-2030, aprobado por el Gobierno, se estableció el compromiso de no incrementar más la fiscalidad que soportan las centrales nucleares, para no inviabilizarlas económicamente, dice el servicio de consultoría PwC en su página Web.
No obstante, dice PwC, «la publicación a finales de 2023 del 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) contempla un incremento de costes, que llevaría a una subida de un 40% de la llamada tasa Enresa, por medio de la cual los propietarios de las centrales nucleares costean la gestión de residuos y el desmantelamiento del parque nuclear».
Esto impondría un problema «artificial» en la viabilidad económica, ya que añadiría más presión fiscal a la ya soportada por las centrales.
El total de impuestos y tasas ascienden a los 25 €/MWh, que equivalen «entre un 35% y un 40% de la facturación anual de las centrales».
Con el aumento de la tasa, «supondría hasta un 50% en los próximos años».
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