El presidente Donald Trump rubricó un decreto ejecutivo (DE) que pospone la implementación de la legislación sobre desinversión o veto de TikTok por 75 días. Esto otorgará margen a su equipo para evaluar el próximo curso de acción respecto a la aplicación de videos. La suspensión de la norma también cubre el lapso entre la fecha límite original, el 19 de enero, y la firma del DE.
De acuerdo con una normativa sancionada en abril del año anterior, TikTok podría ser prohibido en EE. UU. si no se separa de su compañía matriz, ByteDance, con sede en Pekín.
«Supongo que ahora siento cierta afinidad por TikTok que antes no tenía», declaró Trump al suscribir la DE, atribuyendo a la plataforma, con una amplia base de usuarios jóvenes, el haberle ayudado a captar votos juveniles en las elecciones de 2024. En la orden, enfatizó su deseo de encontrar una alternativa «que resguarde la seguridad nacional y, al mismo tiempo, preserve una plataforma utilizada por 170 millones de ciudadanos estadounidenses».
El servicio de videos pausó su actividad por aproximadamente 14 horas el fin de semana previo a la fecha límite establecida para la desinversión o prohibición, el 19 de enero.
El domingo, Trump compartió en Truth Social que las empresas que continuaran operando TikTok no serían sancionadas. Anunció que promulgaría un decreto para aplazar el plazo en su primer día de gestión. Pocas horas después, la plataforma reanudó su actividad en la tarde.
La Corte Suprema ratificó la legislación sobre desinversión o veto el 17 de enero. ByteDance había elevado el litigio al máximo tribunal tras no lograr anular la normativa en una corte de apelaciones. En abril de 2024, el Congreso aprobó la medida basándose en riesgos de seguridad nacional y en la protección de datos de los usuarios estadounidenses. El predecesor de Trump, Joe Biden, firmó la ley.
Durante una audiencia en el Senado, mientras la propuesta aún se debatía en el Capitolio, el director del FBI, Christopher Wray, advirtió que el algoritmo de ByteDance, sumado a la información que TikTok recolecta de los usuarios estadounidenses, podría facilitar estrategias de influencia «sumamente difíciles de detectar», lo que, según él, hace que las preocupaciones sobre la plataforma sean relevantes en términos de seguridad.
De acuerdo con la legislación de contraespionaje china, ByteDance está obligado a proporcionar los datos de sus usuarios en EE. UU. si el gobierno de Pekín lo exige.
TikTok rechazó las acusaciones de Washington sobre posibles riesgos de seguridad, argumentando que no hay evidencia de que ByteDance haya compartido información con el régimen chino. La compañía sostuvo que la medida viola los derechos de la Primera Enmienda tanto de la empresa como de sus millones de usuarios.
En su fallo, la Corte Suprema concluyó que el Congreso señaló específicamente a TikTok y ByteDance debido a la «dimensión y vulnerabilidad de la red social ante el control de potencias extranjeras, sumado a la enorme cantidad de información confidencial que maneja».
«No cabe duda de que TikTok representa, para más de 170 millones de ciudadanos, una plataforma única y expansiva para la libre expresión, la interacción social y la creación de comunidades», indicó la corte. «Sin embargo, el Congreso determinó que la desinversión es esencial para mitigar preocupaciones legítimas en torno a la seguridad de datos y la relación de TikTok con un actor extranjero».
El Partido Comunista Chino manifestó su oposición a la venta de TikTok, argumentando restricciones relacionadas con la exportación de tecnología. Tras la aprobación de la normativa, el régimen instó a EE. UU. a «cesar la persecución injustificada contra empresas extranjeras», según medios estatales. Entretanto, compañías estadounidenses continúan sin poder operar en China.
El lunes por la noche, Trump insinuó que podría recurrir a aranceles como medida de presión para que Pekín apruebe la venta.
Ben Shapiro, analista y fundador de Daily Wire, opinó que la negativa del régimen chino a vender TikTok es «muy reveladora».
«Prefieren cerrar la plataforma, lo que demuestra lo que realmente es: No una empresa comercial, sino una herramienta propagandística del Partido Comunista Chino», declaró Shapiro a The Epoch Times.
En agosto de 2020, durante su primera administración, Trump emitió un decreto para prohibir TikTok por razones de seguridad nacional. En respuesta, la compañía demandó y consiguió una orden judicial que bloqueó la medida citando la Primera Enmienda. Posteriormente, los acuerdos con Oracle y Walmart para adquirir una participación en TikTok fracasaron en 2021.
El 19 de enero, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, afirmó que planea mantener la legislación vigente.
«Creo que haremos cumplir la ley», expresó en el programa Meet the Press de NBC News. Interpretó la publicación de Trump en Truth Social con el mensaje «save TikTok» como un esfuerzo por alcanzar un compromiso que cumpla con los requisitos legales para que la plataforma siga operando en EE. UU.
De igual forma, otros líderes conservadores consideran que existen preocupaciones genuinas sobre seguridad nacional en torno a TikTok y sostienen que una entidad extranjera adversaria no debería tener garantías de libertad de expresión en EE. UU.
Jordan Peterson, profesor emérito de la Universidad de Toronto, manifestó a The Epoch Times que «TikTok representa una vía de infiltración preocupante».
«La creencia de que el gobierno chino es nuestro aliado es, en realidad, sumamente ingenua», añadió.
Andrew Klavan, escritor y analista político, señaló que Trump podría evitar cerrar TikTok de inmediato para no alejar a votantes, pero que eventualmente deberá abordar el tema.
«Mira, fue el presidente Trump quien nos enseñó a observar lo que estaban haciendo los chinos. Nadie prestaba atención antes», dijo Klavan a The Epoch Times.
El elevado costo de la operación implica que solo un número reducido de interesados podrá hacerse con las operaciones de TikTok en EE. UU.
En el pasado, TikTok logró sobrevivir sin vender su negocio. En esta ocasión, enfrenta una legislación en lugar de un decreto presidencial.
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